Valentín Díaz Gilligan renunció a la función pública luego de que un diario español revelara que escondió U$S 1,2 millones en una guarida fiscal europea. Sin embargo, desconoció su existencia primero y luego no reconoció la propiedad del dinero. Idéntica matriz fue común en gran parte del gabinete nacional para esconder activos en el exterior, de los que luego intentaron despegarse judicialmente con la misma estrategia.
Las offshores son las herramientas de elusión y evasión predilectas por los empresarios y las corporaciones en el mundo. Por su esencia, también son las elegidas por las organizaciones criminales para el tráfico de armas y drogas y el financiamiento del terrorismo, de acuerdo al Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), el organismo creado por el G-7 para combatirlas.
Se trata de sociedades radicadas en países con laxos o ningún control gubernamental, que incluso llegan a esconder a los dueños verdaderos ante requerimientos judiciales extranjeros. Baratas y de escasa tributación, las offshores poseen la singular condición de tener prohibidas las actividades dentro de sus fronteras de origen.
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Díaz Gilligan fue accionista de la empresa Line Action, titular de una cuenta bancaria por U$S 1,2 millones en la Banca Privada d'Andorra en una guarida fiscal de menos de 80.000 habitantes. Al ser consultado por El País, el subsecretario general de la Presidencia había en un primer momento desconocido los fondos, pero luego los admitió aunque dijo le pertenecían a un tercero, Francisco Casal, un “amigo” al que le “hizo un favor” porque tenía problemas con el fisco uruguayo.
En su carta de renuncia, el ahora ex funcionario se defendió con que las actividades cuestionadas se dieron cuando se dedicaba a la actividad privada. Su jefe, el secretario general de la Presidencia, Fernando de Andreis, incluso dijo que el monto en cuestión "no era de él sino de una sociedad de la cual era director" y consideró que "en el peor de los casos habrá sido una omisión en su declaración jurada".
Similares respuestas dio Mauricio Macri ante la develación de la primera de lo que luego sería una lista de 50 offshores a la que estuvo vinculado. ”Es una operación legal, hecha por otra persona, constituyendo una sociedad offshore para invertir en Brasil, inversión que finalmente no se hizo y en la que yo estaba puesto como director”, había sido el alegato del mandatario cuando en marzo de 2016 el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación sacó a la luz la existencia de la bahameña Fleg Trading, que movió U$S 9,3 millones en Brasil.
La maniobra del jefe de Estado fue más compleja, ya que involucró una demanda a su padre para que un juez lo exonerara. Tal fue el caso del magistrado Andrés Fraga, que no tenía facultades para tomar esa decisión, pero decidió tomarla igual. Allí la documentación ponderada fue la aportada por el propio accionante, ya que Francesco “Franco” Macri decidió no declarar y las guaridas fiscales le hicieron honor a su trayectoria con documentación parcial, como había mostrado El Destape.
Con el fallo del magistrado civil depende del apoyo del Presidente para conseguir un ascenso, la jueza penal Elizabeth Paisan sobreseyó al Presidente en la causa que tramitaba en el fuero criminal y correccional ordinario. La subrogante del Juzgado 20 también tramita una mejora laboral que requiere la venia oficial.
El caso del ministro de Finanzas, Luis Caputo, es, quizás, el más similar al de Díaz Gilligan. El exbanquero había omitido declarar que hasta mediados de 2015 fue accionista de sociedades creadas para administrar fondos en guaridas fiscales.
"Nunca fui propietario ni accionista de Noctua ni de Princess, sino asesor, administrador, fiduciario y/o manager, por lo que no debía declararlas", le manifestó a La Nación. Al repartirse las acciones a los portadores, los dueños de las offshores no suelen quedar registrados, por lo que corroborarlo resulta imposible y de esto se abusan quienes las frecuentan.
Las verdaderas personas detrás de estos entramados son quienes mantienen poderes ejecutivos, por lo que pueden quedar en las actas como directores, administradores o beneficiarios, pero no necesariamente figuran, lo que dificulta su corroboración en sede judicial. El resto de los cargos suelen ocuparse por ciudadanos del país en cuestión que prestan su nombre a cambio de módicas sumas. Por esto fueron prohibidas en Argentina desde 2005 por Ricardo Nissen, cuando supo llevar adelante la Inspección General de Justicia.
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