El viernes 31 de mayo el rebelde fiscal Carlos Stornelli estaba citado por quinta oportunidad a prestar declaración indagatoria en el juzgado federal de Dolores. Volvió a ausentarse. A diferencia de las restantes ocasiones, este viernes el funcionario judicial, que debe responder por sus vínculos con una red de espionaje ilegal, se sintió explícitamente respaldado por el Gobierno en su faltazo. Dos días antes, el presidente Mauricio Macri se había sentado junto al prófugo en un acto aniversario por el Día del Ejército. Fue el último mensaje del oficialismo antes de la convocatoria. Pero las maniobras de la entente gobernante para blindar a Stornelli fueron múltiples en los últimos días. Y aún no concluyeron.
El primer gesto contundente que marcó la voluntad de la Casa Rosada de proteger férreamente a Stornelli lo dio el procurador general interino, Eduardo Casal, el 23 de mayo pasado, cuando decidió abrirle un sumario por la rebeldía pero le dio 60 días al sumariante para elaborar su informe. Es decir, a contramano de la urgencia que reclamaba el juez de Dolores, Alejo Ramos Padilla, para que le quiten la inmunidad, el jefe de los fiscales (que suele manifestarse según los intereses del Poder Ejecutivo) le dio dos meses de “oxígeno judicial” al prófugo. Así, se busca demorar como mínimo todo ese tiempo hasta que se pueda hacer manifiesta una posible sanción por los faltazos a la indagatoria.
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Tres días más tarde de aquella decisión de Casal, el domingo pasado, en forma simultánea dos programas televisivos (el de Jorge Lanata por El Trece y el de Luis Majul por América) hicieron eje en sus emisiones en las escuchas ilegales que se le practicaron a exfuncionarios kirchneristas detenidos en Ezeiza para presentar el D’Alessiogate como una operación que busca derribar la causa de las fotocopias de los cuadernos. Se trata de audios que no revelan nada sustancial y que fueron utilizados tanto por Stornelli como por Elisa Carrió y otros dirigentes de la Coalición Cívica para iniciar dos causas judiciales “espejo” que hoy se sustancian en los tribunales de Comodoro Py. Ninguna de las escuchas pueden derribar el caudal probatorio que desborda el juzgado federal de Dolores y que le valió al fiscal del caso de las fotocopias 8 imputaciones.
No obstante, a partir de esas emisiones, Stornelli levantó una endeble excusa para no presentarse ante Ramos Padilla y denunció a los exfuncionarios espiados en el juzgado que encabeza Claudio Bonadio (donde se sustancia una de las dos causas conocida como “presos K”). Los acusa de realizarle una operación en su contra. Realizó la denuncia el lunes pasado, horas después de los programas que se emiten en el prime time de la tv.
Es de esperar que a partir de esta presentación Bonadio busque quedarse con el otro expediente que analiza las escuchas a los presos K y que está en el juzgado de Luis Rodríguez, bajo la instrucción del fiscal federal Jorge Di Lello y tuvo avances reveladores. Esta última causa (que se inició el 8 de febrero, a partir de una presentación del propio Stornelli, quien dijo haber recibido una denuncia anónima en un sobre en su despacho) se abrió horas antes que la que tiene en su poder Bonadio (que se gestó con una denuncia de las dirigentes “lilitas” Paula Oliveto y Mariana Zuvic). Ambas se basan en las escuchas.
Pero en la que sustancia Di Lello, la AFI quedó expuesta por la filtración, tal como se desprende de una respuesta de la exSIDE al fiscal que publicó El Destape. En los dos expedientes (tanto el de Bonadio como el de Rodríguez) quienes hacen las presentaciones están imputados o querellados en la causa de Dolores.
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Esta ofensiva judicial de Stornelli coincidió con una serie de movimientos alarmantes en el Consejo de la Magistratura. El 28 de mayo, un día después de la presentación del fiscal y a dos días de la difusión de los informes televisivos, la comisión de Disciplina a instancia del alfil judicial PRO, Pablo Tonelli (diputado y consejero), unificó dos expedientes que hay contra Ramos Padilla en la institución.
Se acumularon el del pedido de remoción que se abrió por solicitud de Macri, luego de que Ramos Padilla avanzara con el D’Alessiogate, y otro que lo pretende involucrar en el caso de las escuchas a los presos K. La comisión de Disciplina lo interpeló a hacer un descargo por ambas circunstancias. Hubo discusiones entre los consejeros que integran la comisión porque se tomó la medida a 48 horas de las denuncias televisivas, lo que dejó atada la decisión a una presión mediática.
A estos expedientes se suma el envío al órgano que selecciona y sanciona jueces de una resolución de la Cámara de Bahía Blanca que pone en cuestión la subrogancia que tuvo Ramos Padilla en el juzgado federal de esa jurisdicción (donde avanzó en diversas causas de lesa humanidad). Pretende que se lo investigue tanto a él como a sus colaboradores.
Estos no fueron los únicos expedientes que movió el consejo para intentar amedrentar a quienes investigan la red de espionaje ilegal. También Tonelli intentó interpelar al juez Alejandro Slokar, integrante de la sala II de la Cámara Federal de Casación Penal, que es la última instancia que interviene en el D’Alessiogate. Slokar está denunciado por Elisa Carrió. El caso se logró postergar pero es de esperar que más temprano que tarde el oficialismo intente avanzar contra el camarista que integra la única sala de la Casación que no tiene una mayoría que se manifiesta a favor del Gobierno.
En este contexto, genera expectativa que la Comisión Bicameral de seguimiento y control de los organismos de inteligencia que funciona en el Congreso, a pedido de un diputado de Cambiemos, haya citado a declarar al fiscal federal de Dolores, Juan Pablo Curi. Está convocado para el 6 de junio, dos días después de que también desfile por allí el procurador Casal.
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Así las cosas, que el presidente Macri se haya mostrado en un acto por el Día del Ejército con Stornelli y con el poderoso Mario Montoto (¿cuán profundo es el vínculo del empresario armamentístico con el espía Marcelo D’Alessio?) es un mensaje de respaldo que no solo adelantó que el fiscal iba a ausentarse a su quinta indagatoria. También fue una señal de que se vienen nuevas ofensivas oficialistas. Lo que hace cada día más evidente que la causa que tramita en Dolores tocó importantes “nervios” del poder.