-Memorando con Qatar: El año pasado, el periodista Ezequiel Orlando reveló el memorando secreto que firmó la Argentina con Qatar para enviar U$S 300 millones de los jubilados a una guarida fiscal. Luego de que la Justicia suspendiera el acuerdo, imputó a todos los involucrados, incluyendo a Mauricio Macri, Gabriela Muchetti y el ex tenista Gastón Gaudio, que ofició de intermediario.
Al momento de que el Gobierno firmó el documento confidencial, Argentina consideraba al emirato catarí guarida fiscal. Sumado a esto, en junio de 2017 Estados Unidos marcó al país de financiar al terrorismo internacional.
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-Panamá Papers: En octubre de 2016, este programa mostró los documentos originales de 19 sociedades offshores vinculadas a Mauricio Macri. De todas ellas compañías, el Presidente mantiene activas al menos seis.
A la vez, en el informe se reveló la estrategia del grupo Macri para que sus actividades pasen desapercibidas: crear una empresa en una guarida fiscal, nombrar el directorio real y luego reemplazarlo por empleados de confianza.
Este medio también mostró en exclusiva las pruebas de una operación sospechosa, en la que la offshore del jefe de Estado transfirió U$S 9 millones desde Bahamas a Brasil a cambio de acciones sobrevaluadas.
-Dólar futuro: El 17 de abril pasado, el periodista Ivan Schargrodsky reveló la lista de las personas y empresas que compraron contratos de dólar a futuro en el Mercado a Término de Rosario S.A (ROFEX) entre el primero de septiembre y el once de noviembre del 2015. En la nómina se destacaban nombres que hoy forman parte del gabinete de ministros y del círculo íntimo del Presidente Mauricio Macri: Nicolás Martín "Nicky" Caputo, el secretario de Coordinación de Políticas Públicas, Gustavo Sebastián Lopetegui, Mario Quintana e incluso Martín Lousteau figuraban entre los compradores.
-Las bolsas de Michetti: En agosto de 2016, este medio reveló a través de la firma de Juan Amorín que la empleada doméstica de la vicepresidenta Gabriela Michetti había asegurado que era "habitual" guardar dinero en bolsas y sobres dentro del domicilio de la funcionaria, en el marco del robo que había sufrido en noviembre de 2015. Como producto de ello, Economía Política realizó una de las investigaciones más completas del año, donde demostró todas las irregularidades que rodeaban a la Fundación y las inconsistencias del relato que mostraba la vice y su entorno en la Justicia.
Incluso, se comprobó que la familia de la segunda funcionaria del país mantiene negocios inmobiliarios con la esposa del periodista Luis Majul, y que los propios aportantes y trabajadores de la Fundación figuraban como empleados del Senado de la Nación.
-Compra de armas a Estados Unidos: En el mes de marzo, durante la primera emisión de Economía Política del año, el columnista Juan Amorín mostró el escandaloso listado de equipamiento militar que había solicitado Argentina mediante el entonces embajador Martín Lousteau a los Estados Unidos de América, que incluía poderosos aviones de caza, tanques de guerra, misiles de mediano y largo alcance y helicópteros similares a los utilizados en la guerra de Malvinas, por un costo total que supera largamente los 2 mil millones de dólares que proyecta desembolsar la administración nacional en los próximos dos años.
Tras ello, el propio Lousteau admitió la existencia del pedido y luego que desde el gobierno salieran a negarlo, decidió presentar su renuncia indeclinable, para finalmente presentarse como candidato en la Ciudad de Buenos Aires.
Además, producto de dicha investigación resultaron imputados judicialmente los diputados de Cambiemos Eduardo Amadeo y Luciano Laspina y el entonces ministro de Defensa Julio Martínez, causa que aún tramita en el Juzgado Federal de Sebastián Casanello.
-La primera privatización en la era Macri: En agosto pasado, el periodista y economista Darío Gannio expuso el documento que comprobaba que el Gobierno autorizó a la compañía Hughes a que se quede con "al menos" el 51% del ARSAT 3 y también la autorizó a cambiarle el nombre.
En dicha emisión, Gannio expuso que la venta es ilegal, ya que va en contra de la ley 27.208 de Desarrollo de la Industria Satelital aprobada en 2015, que en su artículo 8 dicta que no se pueden ceder los derechos de este nuevo satélite y que, de hacerse cambios en el esquema que propuso el kirchnerismo, deben ser aprobados por el Congreso, según el artículo 10, por lo que finalmente resultaron denunciados los funcionarios involucrados en dicha negociación.
- La plata negra de los funcionarios: El pasado 27 de agosto, el periodista de Página 12 Horacio Verbitsky reveló en Economía los nombres de los familiares y allegados al gobierno que habían ingresado dinero proveniente de la evasión mediante el decreto de blanqueo de capitales. De esta forma, el periodista expuso que el hermano de Mauricio Macri, un primo de Peña Braun, el hermano de la vida Nicolás Caputo, el alegado comprador de la empresa familiar, Marcelo Mindlin, un cuñado de Clusellas blanquearon 132 millones de dólares, equivalente a 2300 millones de pesos.
- El sofisticado programa que utilizó el gobierno en la campaña electoral: Apenas una semana antes que se diera el despido y el intento de censura por parte de C5N a Roberto Navarro y su equipo, en Economía Política se expuso que Cambiemos utilizó el aparato del Estado para beneficiarse en la campaña electoral en Provincia.
A través del Ministerio de Producción, el gobierno desarrolló un GPS que mezclaba datos socioeconómicos de las personas, sus ingresos y hasta las empresas geolocalizadas en el mapa de la provincia de Buenos Aires, y a ello le sumó encuestas y los resultados electorales de 2015, para poder entender con claridad qué tipo de discurso debía realizar en cada una de las localidades que visitaba durante la campaña, o qué tipo de medidas promover en cada distrito para poder vencer en la contienda electoral.
- El testaferro de José López, un beneficiado de la era Macri: En la última emisión de Economía Política en C5N, Roberto Navarro y Juan Amorín mostraron cómo, pese a contar con un procesamiento dictado por el juez Daniel Rafecas, el empresario Eduardo Gutiérrez, señalado por la Justicia como testaferro del ex secretario de Obras Públicas José López, se benefició con jugosas readjudicaciones de precios del gobierno de Mauricio Macri, incluso en agosto de este año, cuando ya estaba confirmado su pase a juicio oral en la causa que investiga el enriquecimiento ilícito del ex funcionario K.
En la actualidad, Gutiérrez, titular de Grupo Farallón, mantiene aceitados vínculos con la administración nacional: además de haber sido socio del Grupo Macri en un emprendimiento inmobiliario en 2005, desde la firma Diedra Paneles S.A, de su propiedad, aportó $1.000.000 a la campaña presidencial de Macri, así como también su grupo empresarial figura como uno de los generosos "donantes" de la fundación SUMA, de Gabriela Michetti.
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