Tras las turbulentas elecciones en la provincia de Tucumán, los principales candidatos opositores se unieron para solicitar que la boleta electrónica se implemente en los comicios nacionales de octubre.
Sin embargo, ¿este sistema es el más transparente y eficaz? El Destape consultó a Beatriz Busaniche, especialista Magister Propiedad Intelectual y miembro de la Fundación Vía Libre para revisar la experiencia argentina en este nuevo método de votación:
- ¿Con software o sin software?
Busaniche afirma que la legalidad del voto electrónico está en un difuso límite, ya que, mientras desde el gobierno porteño habían asegurado que "el equipo era una impresora libre de software", por lo que era ciento por ciento segura, no terminó siendo tan así: "Fue un claro engaño al votante, que sin capacidades técnicas y sin saberes específicos acerca de software y computación no pudo indagar por su propia cuenta. Lo cierto es que no era una simple impresora, era una computadora dispuesta a los fines del acto electoral", explicó Busaniche.
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- El "Multivoto":
Desde Vía Libre se publicaron "falencias expuestas en el sistema a través de la posibilidad de ejercer el multivoto, que era la posibilidad de cargar en el chip de una boleta varios votos a distintos candidatos", sostuvó Busaniche.
Semanas más tarde, sus denuncias fueron ratificadas por la Auditoría de la Facultad de Ciencias Sociales contratada por el Tribunal Electoral entre la elección general y el balotaje:
- Códigos cifrados, sin seguridad:
A fines de junio Sorianello publicó que la empresa a cargo de la votación tenía publicados los certificados SSL para los comicios de primera vuelta. Un certificado SSL es un archivo de datos que contiene una clave de encriptación asimétrica y permite transmitir datos codificados y garantizar la autenticidad de una máquina conectada a Internet. La noche del viernes previo a las elecciones porteñas, la Policía Metropolitana allanó su casa y secuestró sus equipos informáticos.
Hoy, dos meses después, Sorianello, lejos de haber recuperado sus pertenencias, afronta un pesado juicio por un delito penal, acusado de ser un "hacker electoral". En este sentido, desde la Fundación Vía Libre que Busaniche integra, han realizado colectas para poder afrontar los costos jurídicos y luchan para que se deje de acusar al joven informático: "Lo que denunció Sorianello puso en evidencia la enorme negligencia por parte de la empresa, y él terminó funcionando de chivo expiatorio para que no se hable de lo vulnerable del sistema en sí. Fue una acción intimidatoria del gobierno porteño para decir ´miren que vamos a ir con la fuerza policial´ y ahora Joaquín debe cargar con eso", aseguró.
- Los costos de un sistema inseguro:
En la Ciudad, "el costo por el alquiler de las máquinas para poder sufragar rondaron los $151 millones, mientras que en la provincia de Salta, otra que lo implementó, costó alrededor de $145", afirmó Busanich. Es decir, que el costo total a nivel nacional sería superior a los 3500 millones de pesos, sólo en concepto de alquiler de la herramienta.
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