Las escuchas a cargo de la Corte Suprema aumentaron sorprendentemente un 50% el año pasado. Así se desprende de dos informes anuales de la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado.
Se trata del organismo autónomo que el máximo tribunal de Ricardo Lorenzetti creó en febrero del 2016, luego de que el presidente Mauricio Macri les transfiera el sistema de escuchas, según reveló el diario El Cronista.
La Dirección, a cargo de Martín Irurzun, integrante de la Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional Federal, y Javier Leal de Ibarra, miembro de la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia, pasaron de realizar un total de 66.680 de "procesos de trabajo" en 2016, pedidos por oficios judiciales, a 100.664.
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De éstas últimas, detalla el informe estadístico al que accedió ese diario, un 46% son "altas de intervención" (un juez o fiscal que pide "pinchar" una línea); otro 17,7% a "prórrogas de intervenciones"; y un 4,1% de "solicitudes de bajas". El restante 32,2% fueron pedidos de "datos registrales"; es decir, información asociada como el entrecruzamiento telefónico.
Este número llega en medio de la polémica por las escuchas filtradas de Oscar Parrilli y Cristina Kirchner que dio a conocer ilegalmente el periodista Luis Majul.
Por su difusión, la Corte le reclamó por escrito al actual titular de la Agencia de Inteligencia, Gustavo Arribas. Sucede que los CDs donde quedan registradas las llamadas sólo pueden ser escuchadas por las autoridades judiciales que las pidieron o efectivos policiales que trabajen en las causas en los "locutorios", como llaman a unos box con medidas de seguridad biométricas para evitar que los audios salgan del edificio.
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