Habiendo transcurrido ya el primer semestre del año, podemos decir que la actividad parlamentaria en ese período expresó una profunda regresividad en la distribución del ingreso, una característica de la gestión macrista que, además de ser muy injusta, genera un fuerte enfriamiento de la economía.
Aquí un repaso de los, a nuestro criterio, principales temas que se debatieron en el Congresode la Nación:
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En el caso de la denominada Ley de Normalización de Deuda, además de concederle a los fondos buitrela renta más que abusiva que pretendían, el gobierno presentó la norma como "necesaria" para finalizar con la cesación de pagos a la totalidad de bonistas. Sin embargo, de acuerdo a la presentación del Programa Financiero 2016 por parte del Ministerio de Hacienda y Finanzas, el 31% del total que permanece impago mantiene la posibilidad de litigio (algunos pocos ya acordaron) y también habría una eventual conflictividad con los bonistas que entraron a los canjes.
Tal como se aprobó, la ley ómnibus conculca los derechos de una parte de los jubilados y pensionados; y la declaración de emergencia en materia de litigiosidad previsional, más que una "reparación histórica", es una forma de refinada extorsión a personas de elevada edad que no pueden esperar años para recibir lo que les corresponde, y se ven presionadas a aceptar las fuertes quitas que propuso el macrismo y parte de la oposición acompañó en la votación.
Además, bajo el manto de un supuesto beneficio a los jubilados se hizo pasar una serie de ítems que no tiene que ver con la materia previsional: modificaciones a la estructura impositiva (una reforma tributaria regresiva que de ningún modo era necesaria y, menos aún, urgente) y una exteriorización de capitales que ni siquiera tiene por objetivo la repatriación de esos capitales, sólo beneficia a quienes evadieron y reporta muy pocos beneficios para el país, pues se realizará a un costo mínimo para los evasores.
Párrafo aparte para la nefasta derogación de leyes importantes como la 27.181, que declara de interés público la protección de las participaciones del gobierno en empresas privadas a través de la cartera de inversiones del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) y de empresas nacionalizadas como YPF y Aerolíneas Argentinas.
El recientemente aprobado proyecto de ley "para el fortalecimiento de las MiPyMEs" en realidad debió haber sido "de emergencia MiPyME", porque ésa es la situación que atraviesan las micro, pequeñas y medianas empresas argentinas. La ley, que recoge principalmente las posturas de Cambiemos junto con el Frente Renovador y el Bloque Justicialista, si bien se orienta en un sentido positivo, no resuelve el verdadero problema de las MiPyMEs, que es la crisis derivada de las políticas de ajuste.
Fuerte incremento de tarifas de servicios públicos, altos costos de financiación a partir de la decisión de incrementar las tasas de interés, decisión de controlar la inflación a partir del enfriamiento de la economía y liberalización de importaciones son un "combo" que golpea a los sectores económicos más vulnerables y a las MiPyMEs en particular.
Recurriendo a una herramienta de la que hizo uso y abuso durante su gestión como Jefe de Gobierno de la CABA, Macri vetó la Ley de Emergencia Laboral aprobada por el Congreso de la Nación.
La actitud del Presidente tiene un profundo sentido ideológico, basado en los conceptos de la Asociación Empresaria Argentina (AEA): consideran al salario como un costo más y no quieren regulaciones de ningún tipo que limiten la actividad privada. Quieren libre mercado y desregulación laboral. Macri vetó la ley porque quiso darle una señal muy clara a los grandes grupos económicos: su intención es avanzar en el proceso de desregulación, desarmando el andamiaje legal de defensa de los intereses de los trabajadores.
Si bien está claro que la ley no iba a resolver el problema de los despidos, sí hubiera sido un paliativo cuando las políticas económicas que se están aplicando van en la dirección contraria. Las políticas que implementa el gobierno nacional no pueden generar otra cosa que desempleo; el ajuste, como demuestra la experiencia mundial, inevitablemente recae sobre los sectores del trabajo.
Otra característica de este semestre de debate parlamentario es la reiteración de concesiones entre Cambiemos y la "oposición amiga" –en las referencias de Sergio Massa y Diego Bossio- que no modifica la esencia ni la magnitud de los proyectos enviados desde el Poder Ejecutivo y, más que oposición, parece encarnar otra fórmula política para asegurar la persistencia de un Estado que defiende los intereses del capital concentrado a costa del bienestar popular.
La balanza sigue inclinando su fiel: entre atender los reclamos de los grandes empresarios o reducir la angustia de la población, el macrismo, también en el Congreso de la Nación, ha optado por beneficiar a las corporaciones.
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