La cobertura mediática al fiscal Carlos Stornelli pasó del silencio a una maniobra coordinada entre el Grupo Clarín, Elisa Carrió, el Gobierno y sectores del Poder Judicial por la cual pretenden instalar que la denuncia contra el fiscal fue organizada por ex funcionarios kirchneristas presos. Para esto, escucharon conversaciones de esos ex funcionarios cuyas transcripciones luego llegaron “de forma anónima” a Carrió, un típico truco para encubrir el origen cloacal de esos materiales. Del contenido publicado servicialmente (Verbitsky dixit) por Clarín, asumiendo que es verídico, sólo se desprende que Roberto Baratta tenía algún conocimiento de que se realizaría una denuncia en Dolores en la que intervendría un tal juez Ramos.
Atando cabos, se puede asumir que se trata de la denuncia del empresario Pedro Etchebest contra Stornelli y Marcelo D’Alessio. La cronología, sin embargo, le juega una mala pasada a esta operación encabezada por Carrió, ya que la conversación de Baratta es varios días posterior a la denuncia y a los pedidos de medidas que realizó el juez Alejo Ramos Padilla, a quien le tocó intervenir por la simple razón de que su Juzgado en Dolores tiene jurisdicción sobre Pinamar, sede de la maniobra extorsiva.
Clarín y Carrió pretenden instalar que los ex funcionarios kircheristas hicieron que Marcelo D’Alessio contactara al empresario Pedro Etchebest para pedirle coimas en nombre del fiscal Stornelli, que D’Alessio viajara con Etchebest a Pinamar y negociara el monto de su “atención” con el fiscal, que D’Alessio se reuniera con Stornelli en el balneario CR y en el mismo lugar el fiscal y el empresario extorsionado se dieran la mano para sellar el acuerdo, que hubiera dos pagos de Etchebest a D’Alessio, que el empresario grabara las conversaciones con su extorsionador y que luego lo denunciara. Todo comandado desde la cárcel donde, ahora se sabe, eran escuchados gracias a una turbia maniobra judicial.
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La operación mediática del dúo Clarín-Carrió no cambia un ápice de lo que reveló Horacio Verbitsky en El Cohete a la Luna, es decir, el pedido de dinero a cambio de favores judiciales de Stornelli al empresario Etchebest a través del multifacético D’Alessio. Lo que sí deja al descubierto es, una vez más, la santa trinidad de medios, funcionarios judiciales y servicios de inteligencia puesta a rodar en clave de salvataje de uno de los suyos.
Carrió envió a sus laderas Mariana Zuvic y Paula Olivetto a radicar una denuncia en Comodoro Py. La causa recayó en el juzgado de Claudio Bonadio, una prueba más de que la máquina que sortea el destino de los expedientes está lejos de ser transparente. Bonadío debería enviarla de nuevo a sorteo, pero se sabe que en la Embajada, como se conoce a su juzgado, no rige el derecho argentino. De quedársela, tendría que investigar la supuesta operación orquestada para involucrar a Stornelli y a él mismo en el pedido de coimas para otorgar beneficios en la causa de la fotocopia de los Cuadernos. Más promiscuo no se consigue.
A los papeles
Los documentos a los que accedió El Destape confirman que el empresario Pedro Etchebest radicó la denuncia el lunes 28 de enero.
Las transcripciones que llegaron por arte de magia a manos de Carrió en las que Baratta conversa con el abogado Carlos Zelkovicz son del viernes 1 de febrero. Según la transcripción, Baratta pregunta “¿Presentaron formalmente?” a lo que Zelkovich contesta: “No, no, no… el loco éste, el MAGISTRADO pidió los informes… eh, porque quiere saber en qué quilombo se está por meter y aparentemente eso le llevaría por lo menos leer casi todo el fin de semana, yo te diría que bastantes días pero quiere largarlo cuanto antes”. No estaba bien informado el interlocutor de Baratta ya que, como consta en los documentos que hoy publica El Destape, tanto la denuncia como el impulso de la acción penal como así también el pedido de medidas ya habían ocurrido varios días antes. Es decir, Ramos Padilla ya se había metido en el tema. El 29 de enero, el empresario Etchebest se constituyó como querellante.
Teléfono descompuesto
Las escuchas telefónicas fueron ordenadas por el Juzgado Federal en lo Criminal y Correcional N 2 de Lomas de Zamora, que está a cargo interinamente de Federico Hernán Villena. Según el documento al que alude Carrió, que fue publicado por la Revista Noticias, se trata del Caso Aguape III, causa número 41.475/2016, en la que se ordenó monitorear las comunicaciones relacionadas con Mario Segovia, conocido como el “Rey de la efedrina”.
Lo que nadie explica es porque si, como dice el documento, Segovia cumple su condena en el Pabellón "A" Módulo 6 se interceptaron llamadas de los teléfonos públicos del Pabellón "D" Módulo 6 y se escucharon y transcribieron diálogos de Roberto Baratta, y del Pabellón "C" Módulo 6 y para hacer lo mismo con el ex secretario de Transporte Juan Pablo Schiavi.
Tampoco se explica porque si las escuchas se ordenaron y no resultaban atinentes a la investigación de la causa de Segovia, las mismas en lugar de ser destruidas, fueron transcriptas y dichas transcripciones terminaron en poder de Lilita.
Lo que deja al descubierto esta maniobra es el modus operandi del espionaje ilegal a los detenidos. Utilizan una causa para pinchar los teléfonos, en este caso la de un narcotraficante, y de esa forma el Gobierno tiene la excusa para interceptar y monitorear las conversaciones de los presos y luego, si encuentran algo que pueda ser útil, buscan la forma de blanquear esta opaca maniobra.
El lunes, un día antes de que Carrió iniciara esta puesta en escena, el abogado Humberto Próspero presentó un habeas corpus colectivo en representación de los presos alojados en el módulo 6 del penal de Ezeiza y denunció escuchas ilegales. Lo hizo luego de que Eduardo Valdés, ex embajador en el Vaticano, denunciara en su programa de radio “Un poco nomás”, que se emite por AM 750, que “se habrían y estarían realizando escuchas ilegales y genéricas a los teléfonos públicos de los pabellones que integran el Módulo 6 del Complejo Penitenciario Federal 1 Ezeiza”.
De hecho el propio Valdés figura en la denuncia de Carrió, con una transcripción de una conversación con Schiavi del 17 de enero en la que le comenta que habrá novedades en el Operativo PUF que involucra a Bonadio y Stornelli.
“El Servicio Penitenciario a través de la llamada área 50, viene realizando tareas de inteligencia encubiertas, intervención ilegal de llamadas telefónicas a los detenidos con el único fin de agravar sus condiciones de detención realizándonos un control absoluto las 24hs”, dice la denuncia a la que accedió este medio. “Esto no es más que una tortura psicológica ilegal para quebrar a los imputados y llevar adelante ese plan inicial convirtiéndolos en arrepentidos”, sigue el escrito.
El Habeas Corpus denuncia específicamente al Gobierno. No solo a Mauricio Macri, sino también señala a Patricia Bullrich, quien también aparece mencionada en los audios de D´Alessio que presentó Etchebest en su denuncia.
La denuncia sostiene que las transcripciones de esas escuchas las manejó el Gobierno, que llegaron así a manos de Stornelli y del operador Joaquín Morales Solá, que aseguró el domingo lo mismo que Carrió denunció ayer.
El escrito describe que la forma de realizar estas escuchas es dividir a los imputados por narcotráfico en los distintos pabellones del penal para poder justificar la intervención de los teléfonos y así logar el control del resto de los presos.
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