El Gobierno nacional sufrió un dolor de cabeza en el Congreso, al ver cómo la oposición dejó de lado sus diferencias y unificaron criterios para reclamarle al oficialismo por un tema incómodo: los despidos en el sector público y el privado. Los principales bloques consensuaron un proyecto de ley que declara la emergencia ocupacional y que establece la prohibición de despedir gente desde el 1 de marzo (retroactivo), hasta el 31 de diciembre de 2017.
El proyecto, que obtuvo dictamen favorable en la comisión de Trabajo, fue apoyado por el FpV, el FR, el Bloque Justicialista y el Partido Socialista. El mismo establece que si un empleado es despedido en ese lapso, tendrá derecho a una doble indemnización. Esta normativa también rige para el sector público, cuando el macrismo ya dio por finalizado 11 mil contratos solo en el Estado nacional, según datos del ministerio de Modernización.
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A su vez, determina que aquellos empleados despedidos pueden reclamar y se le deberá hacer un tratamiento sumarísimo. Si el empleador adujera que el cese de la relación laboral es con justa causa, se abrirá una instancia de mediación. Mientras esta dure, el trabajador aun mantiene el derecho a percibir su salario.
De no haber acuerdo, se abren dos opciones: la reincorporación del trabajador o el pago de la doble indemnización.
Ahora, el proyecto deberá tratarse en la comisión de Presupuesto para luego tratarse en el recinto. El macrismo presentó un proyecto en minoría, en el cual la emergencia ocupacional recién entraría en vigencia si la desocupación llega al 10%. El último dato del INDEC, del tercer trimestre del 2015, fue de 6,6%.
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