Las bolsas de Michetti: solicitan suspender las declaraciones de testigos hasta que otorguen sus DDJJ

17 de octubre, 2016 | 12.32
Leonardo Martínez Herrero, el abogado denunciante en la causa que investiga el origen de los fondos que le robaron a Gabriela Michetti el pasado 22 de noviembre, presentó un escrito ante el juez Ariel Lijo, en donde solicitó la anulación de la ronda de testigos que aportaron a la Fundación SUMA hasta que no se aporten sus declaraciones juradas con el fin que se pueda constatar que sus contribuciones figuren allí.

Tras las serias inconsistencias y contradicciones durante las primeras cuatro declaraciones testimoniales que tuvieron lugar en las últimas dos semanas, el letrado solicitó este lunes ante Lijo que las 22 personas citadas a declarar como donantes de la Fundación SUMA presenten sus declaraciones juradas "a los efectos de evitar una dilación con las testimoniales", dado que "si no existen comprobantes ni se han asentado las donaciones en las DDJJ, sólo se trataría de testigos amigos y dependientes de la imputadas que intentarían justificar el dinero que estaba en su domicilio".

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En este sentido, Martínez Herrero planteó suspender las declaraciones testimoniales "hasta tanto obren en el expediente las DDJJ de los testigos donde conste el asentamiento en las mismas donaciones efectuadas".

Además, tras lo expuesto la semana pasada en el programa El Destape, el denunciante pidió estudiar las declaraciones realizadas por Marcelo Domínguez y Eduardo Raposo, el contador y el arquitecto de Michetti, dado que "podrían haber incurrido como mínimo en una infracción fiscal" así como también la propia vicepresidenta Gabriela Michetti.

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En las mismas, Domínguez confesó haber aportado $10.000 en efectivo a la Fundación SUMA, aunque se lo entregó en un sobre en mano a la hermana de Michetti, y afirmó no haber recibido ningún tipo de documento respaldatorio, pese a que desde SUMA se lo habían prometido.

Por su parte, Raposo aseguró haber cobrado por sus trabajos de refacción en la casa de la vice unos $15.000 también en efectivo y sin documentación respaldatoria, así como tampoco contaba con las facturas de los arreglos, consistente en una suma que ronda los $150.000.

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