El Gobierno de la Ciudad convocó a la primera negociación salarial docente para esta tarde, exactamente dos semanas antes del inicio del ciclo lectivo. Los maestros perdieron casi 20 puntos de poder adquisitivo el año pasado por la terquedad de la ministra de Educación, Soledad Acuña, en disminuir su capacidad de compra.
En 2018, la administración de Horacio Rodríguez Larreta entregó unilateralmente aumentos del 30% a los educadores, mientras que la inflación cerró en 48%. Los trabajadores de Ademys y UTE exigieron una cláusula gatillo, que al menos empate a la suba de precios general, que es incluso inferior a la de la canasta de docente.
La titular de la cartera educativa rechazó este pedido e incluso no quiso mantener un diálogo después del final de clases. Sus funcionarios recién recibieron a los gremios la semana pasada, el 12 de febrero, pero sin la presencia de Acuña. En la reunión el Gobierno sólo aceptó debatir condiciones laborales, pero no los salarios.
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La primera mesa de negociación salarial de hoy será a las 18, a pesar de que el ciclo lectivo debería iniciar el 6 de marzo. Ademys planteará la necesidad de una recomposición salarial por lo perdido a lo largo del 2018 y un aumento del 30% para este año. A su vez, buscará que el sueldo inicial se plantee en $ 26.000, con cláusula gatillo, y el blanqueo de todas las sumas en negro.
El sindicato llevará también los reclamos por la falta de construcción de escuelas y las vacantes en inicial y primaria, el intento de traslado de la escuela de cerámica y de cierre del jardín maternal Hospital Ramos Mejía.
Larreta apeló para poder mover la Escuela de Cerámica
La Asesoría Tutelar solicitó ante la Cámara Contencioso Administrativo el rechazo de la insistencia de Acuña para trasladar ocho kilómetros a la Escuela de Cerámica 1. Si bien el juez de primera instancia Guillermo Scheibler lo suspendió, el Ministerio de Educación porteño apeló esta decisión.
El asesor tutelar Gustavo Moreno sostiene que se violó el derecho a ser oído de los estudiantes, que se omitió información y la participación del centro de estudiantes, lo que expresamente prevé las leyes y la Convención sobre los Derechos del Niño.
La mudanza fue dispuesta por la cartera educativa el 23 de noviembre y publicado el 26 de noviembre, a solo cuatro días de la finalización de clases. No obstante, en la etapa de inscripción en octubre de 2018, el Gobierno había aclarado que la sede de la escuela sería la original.
El traslado intempestivo dificulta la asistencia a clases del 80% de los estudiantes, que residen en las inmediaciones del colegio. Pero está en línea con la política de Larreta de generar excusas para cerrar instituciones, como había intentado hacer con las nocturnas, lo que fue bloqueado por los trabajadores de la educación el mes pasado.
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