El avasallamiento del Gobierno de la ciudad de Buenos Aires contra las ferias y expresiones culturales es un sello de la gestión de Horacio Rodríguez Larreta, por eso, no sorprende que desde hace más de dos meses que no dejen trabajar a los artesanos de la mítica Feria de San Telmo. A raíz de un acuerdo entre la cooperativa Adoquín y representantes del Ejecutivo porteño, más de 300 trabajadores no pueden vender sus artesanías en la calle Defensa.
El último domingo, la asociación Artesanos Unidos de la Calle Defensa fueron brutalmente reprimidos por la Policía de la Ciudad y detuvieron a una veintena de artesanas y artesanos como así también a turistas que pasaban por allí. Desde hace 9 domingos que no pueden trabajar en la calle de San Telmo, lugar donde comercializan sus artesanías desde hace 18 años en algunos casos.
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El conflicto se originó a partir de la falta de regulación del Gobierno de la Ciudad que no contempla la totalidad de la feria sino que solo regula en su ley 4.121 a los puestos que se encuentran en Defensa entre la altura 150 al 600, inclusive; la Plaza Dorrego (siempre que no se superponga con las ferias autorizadas a la fecha por el Museo de la Ciudad dependiente del Ministerio de Cultura) y Paseo Defensa que es entre San Juan y Chacabuco. Como una forma de “legalizar” el trabajo de los artesanos, la cooperativa Adoquine de CTEP arregló con el Gobierno de Larreta trasladar los puestos que estaban a la altura 800, 900 y 1000 pero en el acuerdo dejaron afuera a más de 200 puestos ya que, según denuncia la Asociación de Artesanos Unidos los quisieron trasladar a una calle donde ya hay artesanos trabajando desde hace 12 años.
“Hace 9 domingos que venimos sin trabajar por un acuerdo que firmó la cooperativa de la CTEP y el Gobierno de la Ciudad. Estamos en una mesa de negociación, pero la Ciudad viene presentando la misma propuesta de ocupar el lugar que ya está ocupado por otros artesanos y nosotros nos negamos rotundamente. Nos mandan a trabajar en la cuadra al 700 cuando sabemos que han dado baja un montón de permisos de trabajo a artesanos y artesanas que trabajaban hace siete años”, explicó Ana, integrante de Artesanos Unidos por la calle Defensa, en diálogo con El Destape.
Desde el Ejecutivo porteño no surge “una propuesta inteligente” y los trabajadores le exigen a la jueza Romina Tesone que dicte una medida cautelar que frene el desalojo y poder dialogar con los funcionarios de Espacio Público para llegar a una solución que les permita a los artesanos volver a trabajar.
“Le pedimos a la jueza y al Gobierno que no queremos pasar por encima de otro trabajador, no queremos ocupar el lugar que es de otra persona, y esa es la solución que propone el Gobierno. Hace 18 años que estoy en la feria, es la más antigua y en vez de regular y formalizar el espacio donde ya existía, deciden sacarnos porque hay anticuarios que tienen mucho dinero y aportan a la campaña”, denunció Ana.
Además de ser una atracción turística, la feria sobre la calle Defensa es la fuente de trabajo de centenares de artesanas y artesanos que desde hace casi 20 años tiran su paño para vender sus artesanías. Vivir de la autogestión no es fácil y que no existan espacios regulados y legalizados por el Estado, complica su trabajo y habilita lo que sucedió el domingo por la tarde, cuando una cantidad importante de efectivos reprimieron y detuvieron a los artesanos que exigen volver a trabajar.
“Lo que pasó el domingo fue una cacería, empezamos a la mañana manifestándonos con nuestros paños de protesta, con pocos artículos y exponiendo lo que no nos dejan vender. Nos dieron 25 minutos para protestar y nos dijeron que nos teníamos que correr porque si no iban a reprimir. Hace 18 años que trabajamos en estas cuadras, no me vas a dar 25 minutos para protestar. El gobierno nos está tomando el pelo y no quieren entender que la resolución tiene que ser integral”, aseveró Ana.
La fiscal Celsa Ramírez fue quien avaló la brutal represión. Es conocida como el “brazo ejecutor” de Larreta y quien autorizó, en otras oportunidades, la represión a vendedores ambulantes del MTE. Ahora, fue la encargada de detener a una veintena de personas y desalojar a los trabajadores que se manifestaban de forma pacífica.
Desde el Gobierno de la Ciudad no aclaran por qué no regularizan a los puesteros que hace más de 18 años trabajan sobre Defensa, por qué decide trasladarlos a un espacios que ya está ocupado por otros artesanos y no desmienten el rumor de que la idea es darle vía libre a la instalación de “food truck” lo cual traería un perjuicio a los locales de comida que están en la zona.
Desde la cooperativa El Adoquín, su titular, Gabriela Olguín, niega las acusaciones y en una nota de La Nación de enero aclaró: “No tenemos ninguna condena con los otros trabajadores que aún no se han sindicalizado. El acuerdo no implica que se desaloje a otros trabajadores, por eso no estamos trabajando en Defensa, todavía, somos respetuosos de eso". Y sumó: "Estamos conversando con ellos para que se integren. Es muy importante para nosotros dejar de ser ilegales, para que no te decomisen. Ese logro, esa tranquilidad, creo que todos van a ver que ese es el camino. Hay que ordenarse en el espacio público”.
“Tenemos que ver la forma de que los comerciantes y vecinos interactúen bien con nosotros. Entendemos que es complejo por la crisis económica, que hace que mucha gente trabaje en la calle", se escudó la representante. Lo cierto es que hace más de dos meses que alrededor de 300 artesanos no pueden trabajar.
El conflicto continúa y para el próximo domingo, la Asociación de Artesanos Unidos por la calle Defensa volverán a movilizarse para exigir que los dejen trabajar.
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