El radicalismo salió al cruce de la postura de Mauricio Macri ante el Protocolo sobre la Interrupción Legal del Embarazo, que publicó en el Boletín Oficial Adolfo Rubinstein, fue derogado horas después, y le costó la renuncia al ex secretario de Salud de la Nación. En un claro desafío al líder del PRO, el presidente de la UCR San Luis y diputado nacional, José Riccardo, presentó hoy un proyecto sobre el Protocolo para la atención integral de las personas con derecho a la Interrupción Legal del Embarazo.
En los fundamentos del proyecto, el legislador señaló que el artículo 86 del Código Penal de 1921 establece que "el aborto practicado por un médico diplomado con el consentimiento de la mujer encinta no es punible" si se realizó "con el fin de evitar un peligro para la vida o salud de la madre" y "si el embarazo proviniese de una violación".
Pese a las distintas modificaciones del Código, ese artículo sigue vigente tal cual como hace casi 100 años, destacó Riccardo, quien resaltó que "en un siglo nunca se cuestionó qué sucedía cuando con el embarazo se ponía en riesgo la vida o salud de la gestante o hubiese sido producto de una violación".
El diputado destacó que cuestiones ideológicas, que son "respetables a nivel personal pero no a nivel público y social" o el temor a un cuestionamiento hicieron que muchos profesionales o instituciones no practiquen el aborto legal, lo que "pone en riesgo la vida de la gestante, se la somete a trámites no requeridos por la ley, se le exige que siga procedimientos judiciales largos y todo se resuelve cuando es demasiado tarde".
Por eso, sostuvo que el Estado tiene por obligación "velar por la salud de la población", por lo que "debe poner a disposición la práctica, las condiciones médicas e higiénicas necesarias para llevar a cabo la interrupción de manera rápida, accesible y segura".
En este sentido, Riccardo remarcó que el Protocolo para la interrupción legal del embarazo, que actualmente es aplicable, "es una herramienta que desde 2007 le da jerarquía normativa al derecho mencionado" y fue actualizado en 2015.
La nueva actualización de la Secretaría de Gobierno de Nación (de Salud) "debe ponerse en vigencia" porque "avanza significativamente en materia de derechos humanos, ya que resguarda el consentimiento autónomo" y fue elaborada con "destacados especialistas en el tema".
Para cerrar, con su firma, y la de los diputados Samanta Aperenza, Albord Cantard, Claudia Najul y Lorena Matzen, se destacó que "el protocolo debe ser aprobado y consagrado como Ley nacional", con valor para todo el país "para que no haya lugar donde una mujer, niña o adolescente se encuentre privada de acceder a la interrupción legal del embarazo".
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