La praxis bíblica de ofrecer la otra mejilla por ahora parece darle resultados a Alberto Fernández. El lockout sojero anunciado por la Mesa de Enlace el jueves por la tarde se deshizo el viernes por la noche, exhibiendo las diferencias que existen entre las organizaciones que nuclean a la patronal agropecuaria. La ley para recortar las jubilaciones excesivas de jueces y diplomáticos será sancionada esta semana por el Senado y existe en el Poder Judicial cierto consenso de que, más allá de los intentos por cuestionar su validez en los Tribunales, más pronto que tarde entrará en vigencia.
A esta altura del verano prácticamente nadie discute con qué palabras definir el hecho de que durante el último gobierno se detuvieron dirigentes opositores y empresarios de forma ilegal y con motivaciones políticas. El analista del diario La Nación Carlos Pagni le dice “uso compulsivo, indiscriminado y probablemente violatorio de determinadas garantías de la prisión preventiva". Alberto Fernández le dice detenciones arbitrarias. CFK y el Congreso Nacional Justicialista le dicen lawfare. El exministro de planificación Julio De Vido, desde su casa y sin la tobillera, le dice presos políticos. Todos están hablando de lo mismo.
El propio Mauricio Macri utiliza ese argumento para explicar los problemas que tiene en la causa que investiga una deuda de su familia con Correo Argentino. En un comunicado que le hizo firmar al exministro de Justicia Germán Garavano, al excandidato a vicepresidente Miguel Pichetto y al diputado Pablo Tonelli luego de la intervención de la empresa, Macri asegura que “desde 2003 el kirchnerismo está usando la concesión de Correo Argentino para montar una operación de persecución política”. Curiosamente omite que la investigación por el Correo se inició en 2001 y la causa penal nace a partir de una denuncia de su aliado Gerardo Morales.
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Morales tiene sus problemas en Jujuy, donde montó desde 2015 un Estado autoritario que funciona gracias a un férreo control político de la justicia y la prensa para encarcelar dirigentes opositores. Suena bastante similar a la definición de lawfare. Después de mantener el asunto fronteras adentro de su provincia durante cuatro años, el pedido de intervención del Poder Judicial que discutirá esta semana el Senado de la Nación lo obligó a reaccionar con una marcha en apoyo a sí mismo, que tuvo profusa cobertura de los mismos medios que nunca informaron sobre los motivos que lo llevaron a convocarla en primer lugar.
La oposición política se encuentra entrampada entre sus diferencias internas y la impotencia legislativa. Cada reaparición de Macri hace crujir las junturas de la coalición. Esta semana el expresidente se exhibió en un Congreso en Guatemala, donde aseguró que el populismo es “mucho más peligroso” que el Coronavirus. La actividad estuvo organizada por el think tank ultraliberal Fundación Libertad y Desarrollo, que encabeza el exministro de Augusto Pinochet Luis Larraín. Allí, compartió el cartel con George W. Bush, José María Aznar, Felipe Calderón, Andrés Pastrana y Ricardo Lagos. Un verdadero dream team de políticos retirados.
El lockout sojero les dará a los referentes de Juntos por el Cambio una inmejorable excusa para permanecer juntos por lo menos algunas semanas más, aunque no puede decirse lo mismo de la Mesa de Enlace, que el viernes por la noche sufría su primera fractura cuando la conducción de la Federación Agraria cayó en la cuenta de que no podía arrastrar a sus bases a un paro contra una medida que les resulta beneficiosa. Antes que entrar en crisis por un masivo desacatamiento de la medida de fuerza, la cúpula federada resolvió dictar libertad de acción. Fue una manera elegante de disimular el crack.
Es que el esquema que diseñó el gobierno tomó muchas de las reivindicaciones históricas de esa organización en favor de los pequeños productores respecto de los grandes exportadores. Con efecto fiscal neutro, la propuesta toma unos quinientos millones de dólares por año de los principales productores de soja para volcarlos en las economías regionales y marginales. “Somos productores de alimentos versus grandes especuladores. No podemos ir al paro juntos”, explicó Juan Manuel Rossi, titular de FeCoFe, la primera organización miembro de la Federación Agraria que decidió oponerse al lockout patronal.
En una entrevista con El Destape Radio, Rossi también dejó en claro que no se trata de un reclamo sectorial sino de una protesta política: “Después de las PASO empezaron las movilizaciones. En todas había candidatos a concejales de los pueblos, de las ciudades, también diputados, apoyados por una parte de la prensa” que “empezaron a generar un clima que deviene en este paro”. En el gobierno individualizan a los responsables políticos de la medida de fuerza: el exministro de Agroindustria y extitular de la Sociedad Rural, Luis Miguel Etchevehere, y el grupo de activismo online Campo más Ciudad, vinculado a Elisa Carrió.
El gobierno no va a reaccionar contra estas provocaciones. Considera que las patronales sojeras ya no tienen el apoyo popular que tenían en 2008 y que la actual situación social volvería inviable cualquier protesta que cause desabastecimiento o la imagen de tamberos tirando leche al costado de la ruta. Buscan desescalar y que el conflicto se diluya. En los últimos días de la semana pasada, recibieron el apoyo de productores pequeños y medianos de todo el país, que están preparando un texto para publicar en los próximos días manifestando su acuerdo con la decisión de Fernández.
La fractura del sector rural también quedó en manifiesto en el Congreso del PJ que tuvo lugar el mismo día que se decidió la medida. Allí, por primera vez en una década, todas las 23 provincias más la ciudad de Buenos Aires tuvieron su representación orgánica. Fue, simbólicamente, el final del Peronismo Federal, ese bloque de dirigentes del interior del país que se distanciaron durante el conflicto por la resolución 125 y que, con diferentes protagonistas, encarnó al justicialismo amigable con el establishment desde entonces. Hoy, la enorme mayoría de dirigentes que pasaron por allí son protagonistas del Frente de Todos.
A pesar todo esto, la medida de fuerza contra el gobierno seguirá adelante. Incluso, desde la CRA y los sectores más intransigentes de la Sociedad Rural, que representan, justamente, a los principales terratenientes, rechazaron la posibilidad de posponer la medida el lockout para incluir a sectores que dudaban entre plegarse o continuar con sus actividades de manera normal. El paro no puede postergarse porque fue convocado para que suceda en simultáneo con Expoagro 2020, la principal exposición rural del país, que se celebra la semana que viene en San Nicolás.
La feria servirá de caja de resonancia para las proclamas de los sojeros, sus portavoces políticos y sus principales socios, en sentido literal: Expoagro es un negocio redondo organizado de manera conjunta por los grupos Clarín y La Nación. Los mismos que montan el escenario, acercan los micrófonos y las cámaras y dedican sus pantallas a la difusión de un mensaje opositor de corte maximalista: un rechazo total a los derechos de exportación, columna vertebral del modelo económico de Fernández. Todo, a exactos cien días del nuevo gobierno. El timing es perfecto. Parece a propósito.
El jueves al mediodía desde el ministerio de Agricultura, desde la Casa Rosada y desde las organizaciones de la Mesa de Enlace aseguraban que no habría conflicto. La única excepción era la CRA, que había convocado por las suyas a un paro de comercialización. Un rato después de las cuatro de la tarde, Clarín publicó un urgente en su portada con la primicia de que la Mesa de Enlace adhería al lockout. “La decisión de acompañar la medida de fuerza salió en los medios antes de que lo decidiéramos. Fue todo muy precipitado”, confesó el titular de FAA, Carlos Achetoni. No es difícil notar quién lo precipitó.
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