La Secretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural de la Nación, encabezada por Claudio Avruj, tomó distancia este lunes de las afirmaciones realizadas por el titular de la Aduana, Juan José Gómez Centurión, en relación a la última dictadura, al afirmar que "esas opiniones son a título personal" y "no son compartidas desde ningún punto de vista y no pueden ser tomadas como representativas del pensamiento del Gobierno".
"El 24 de marzo de 1976 marcó el inicio de la peor dictadura que soportó nuestro país y, tal como quedó demostrado por la acción de la CONADEP, los juicios a las juntas y los juicios posteriores que aún se siguen desplegando, el Terrorismo de Estado instalado desde las cúpulas militares se sostuvo en un plan sistemático de desaparición de personas, robos de bebés, asesinatos, expoliaciones y detenciones arbitrarias", asevera la secretaría a través de un comunicado de prensa.
Pero si bien remarcó que no le parece "acertado discutir la verdad de los números" porque "no mitigan la dimensión de la tragedia" lanzó una frase que genera controversia: "30 mil desaparecidos es un emblema social y como tal, resulta indiscutible".
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Para el organismo que conduce Avruj no se discute el número no porque fehacientemente haya pruebas de que fueron más de 8.000 los desaparecidos sino porque se trata de "un emblema social".
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Según la CONADEP, hay alrededor de 8.000 personas identificadas, con nombre y apellido, desaparecidas. No obstante, en el 2006 documentos desclasificados en EE.UU. revelaron que los militares reconocían que hubo 22.000 crímenes hasta 1978.
Firmado bajo el alias "Luis Felipe Alemparte Díaz", el militar chileno Enrique Arancibia Clavel era el agente de la Dirección de Inteligencia chilena (DINA) en Buenos Aires, encargado de informarle a Santiago lo que ocurría en la Argentina y de coordinar secuestros con argentinos, uruguayos, paraguayos y brasileños, entre otros, en lo que se llamó Plan Cóndor.
En julio de 1978, Arancibia Clavel envió un cable a sus superiores de la DINA, con nombres de decenas de víctimas en el país y precisando que sus contactos en el Batallón 601 han "computado 22.000 entre muertos y desaparecidos", desde 1975 y hasta "el día presente", poco después del final de la Copa del Mundo, publicó en el 2006 el diario La Nación.
Y añadió que Arancibia Clavel -condenado en la Argentina- consignó que "los que aparecen NN son aquellos cuerpos imposibles de identificar", los que "casi en un 100% corresponden a elementos extremistas eliminados «por izquierda» por las fuerzas de seguridad".
Los organismos de derechos humanos sostienen desde hace décadas que las Fuerzas Armadas habían redactado listas con nombres y datos de todos los secuestrados, los muertos y los operativos autorizados.
Se supone que esas listas fueron destruidas antes del arribo de Raúl Alfonsín a la presidencia, aunque algunos sospechan que podrían estar intactas y escondidas, como ocurrió con los archivos de la policía de la provincia de Buenos Aires.
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