La renuncia de Iguacel y la segunda fase del ajuste energético del FMI

La política energética del Grupo Shell estalló por el aire a mediados de 2018. El FMI tomó la posta y pidió el desplazamiento de Aranguren. Se imponía otra política energética, aún más impopular, pues los intereses a nutrir y proteger habían dejado de ser los de la firma angloholandesa y aliados menores. A partir de entonces fueron pura y exclusivamente los del terrorismo financiero occidental, razón de ser del citado organismo. Lagarde disolvió el Ministerio de Energía, lo degradó a Secretaría y lo incorporó a Hacienda bajo conducción de su títere Dujovne. Esto, claro, sin perjuicio de ingentes beneficios para fundamentalmente dos empresas o empresarios socios del Poder Ejecutivo (al menos hasta hace unos meses): Paolo Rocca y su petrolera Tecpetrol; y CGC de Eurnekian.

Blindaje mediante al régimen neoliberal, el ajuste por vía energética se convirtió en pilar del enésimo programa fondomonetarista contra una Argentina socialmente inclusiva, industrial y autosuficiente. Pues bien, y vista la dificultad de insuflar "confianza" al dios mercado, en el contexto además de un país a todo tranco hacia una crisis como la de 2001, el FMI no quiere poner un solo centavo de más a las petroleras en nuevos ni viejos subsidios. De hecho, así fue escrito con el último giro del Stand By:

En la nota de TN se traduce así el texto subrayado de la imagen "Reducir los subsidios a la energía sigue siendo un componente importante del equilibrio fiscal. El Presupuesto 2019 prevé una reducción de los subsidios a la electricidad al aumentar las tarifas hasta (que representen) el 90 por ciento de los costos de producción para fines de 2019". Y agrega, citando palabras de técnicos del Fondo: "Las autoridades deberán aplicar un marco regulatorio para pasar los efectos de la depreciación del peso a los consumidores de gas y electricidad. La decisión este año de evitar ese traslado a precios implicó un costo extra del 0,1% del PBI para el gobierno federal (que pagará a los distribuidores de gas -en realidad, los productores- entre 2019 y 2021".

Medio año después de la eyección de Shell, se pone en marcha la segunda fase del ajuste, fase en la que el ex funcionario quedaba muy chico. También, es probable que Iguacel no estuviera dispuesto a pagar el costo político de un sistema gasífero retornando al desastre de 2016/17 (por la poda de los subsidios de las resoluciones 46 y 447) ni el costo social derivado del interminable tarifazo. Esto último, ya que la contradicción entre la caída de los precios del gas (precios que Aranguren pretendía aplicar recién después de 2030) y los anunciados incrementos tarifarios para 2019 resulta ya insalvable. Incluso en países como España, importador del 100% del gas que consume (la Argentina importa el 20%), las tarifas bajarán cerca de un 5% a partir de enero consecuencia de menores precios internacionales del crudo Brent. En este sentido, es probable que Iguacel se jugara a una reducción de las tarifas en 2019.

Con Gustavo Lopetegui, hombre del riñón macrista, la "energía" ya pierde incluso estatus de secretaría (recordar que tampoco teníamos "Ministerio" antes, sino una cámara con poder ministerial en manos de la petrolera angloholandesa). ¿Qué habrá de suceder?

Las tarifas seguirán su escalada interminable hasta el final del mandato de Cambiemos. El ahorro derivado de precios más bajos del gas en boca de pozo se destinará al blindaje del FMI, mientras que la ciudadanía seguirá financiando vía subsidios las exportaciones de gas que por imposición de las bestias se ve obligado a dejar de consumir, adosándole los costos de la mega-devaluación avalada por Lagarde. En cuanto a las petroleras nacionales de Rocca y Eurnekian estará por verse. En principio, pareciera ser que el Fondo ya considera suficiente sus miles de millones de dólares de ganancia derivados del tarifazo y de los subsidios macristas.