La Cámara de Diputados se apresta a votar la reforma previsional del Gobierno, que no sólo recortará los ingresos de los jubilados, sino que puede ser tachada de inconstitucional y, por lo tanto, nula.
Los cambios que prepararon el ministro de Trabajo, Jorge Triaca, en conjunto con el director ejecutivo de la ANSES, Emilio Basavilbaso, prevé menores aumentos para los jubilados. Si se aprueba, quienes cobran la mínima recibirán $ 44 menos, sumará una brecha de $ 290 en todo el año próximo, de acuerdo a los cálculos de CEPA. Esto sólo será en 2018, la diferencia se ensanchará en los años siguientes.
La movilidad de los haberes previsionales está garantizada a través del artículo 14 bis de la Constitución Nacional. La fórmula de los aumentos actuales es considerada un derecho adquirido y, por lo tanto, no puede cambiarse por una que arroje resultados inferiores.
Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia.
Además, según el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, creado en el marco de la ONU, la Argentina y el resto de los firmantes están comprometidos a “lograr progresivamente, por todos los medios apropiados, inclusive en particular por la adopción de medidas legislativas, la plena efectividad de los derechos”.
En caso de que el Congreso o el Gobierno pretendan entonces aplicarles subas menores a las vigentes puede abrir una puerta de masivas presentaciones judiciales. En primer lugar, esta medida resulta regresiva, por lo que viola lo convenido internacionalmente. “La movilidad puede modificarse, pero no por una fórmula que perjudique a los beneficiarios”, analizó a El Destape un funcionario del fuero previsional del Poder Judicial.
Por lo tanto, contrario a la masividad del proyecto de ley, esta indexación no se les puede aplicar a todos los adultos mayores, a riesgo de resultar inconstitucional. En cambio, sólo puede cambiar la movilidad de quienes aún no ingresaron al sistema; es decir, los nuevos jubilados.
“A la supina ignorancia legal de la cual hace gala hace tiempo el Congreso se suma una sumisión abyecta a un Poder Ejecutivo que está destrozando la república y la nación”, detalló el ex diputado nacional Juan Carlos Díaz Roig.
Ante esto, el legislador por Río Negro del FPV-PJ Martín Doñate presentó el primer amparo preventivo en contra de la modificación de la ley previsional, aún en debate en el Congreso. Se sustentó Doñate en la inconstitucionalidad y nulidad del acto administrativo, tanto del Poder Ejecutivo (autor del proyecto) como del Senado, al darle media sanción a una propuesta violatoria de la Carta Magna, que afecta la actualizaciones de los haberes previsionales, de los pensionados y de los niños beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo.
LEER MÁS: Privatización del PAMI: la autorizó un socio del jefe de la obra social de los jubilados
Cerrar sesión