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Luego de sancionar en 2014 las reformas de los Códigos Civil y Procesal Penal, el Gobierno quiere aprobar antes de la finalización de su mandato el nuevo Código Penal, norma que la presidenta Cristina Kirchner podría empezar a impulsar el próximo 1 de marzo, cuando brinde su último discurso de apertura de sesiones ante la Asamblea Legislativa.
El objetivo del kirchnerismo es cerrar el círculo de la modernización de las normas que rigen en el país con la reforma del Código Penal, iniciativa que despierta fuerte polémica. A principios de 2014, cuando la Casa Rosada comenzó a hablar del proyecto, el rechazo opositor encabezado por el líder del Frente Renovador, Sergio Massa, terminó por congelar el debate. Ahora, con los Códigos Procesal Penal y Civil y Comercial en el bolsillo, el Frente para la Victoria quiere conseguir la modificación del Código Penal y completar el plan integral de cambios. El oficialismo espera aprovechar que tiene un último año de mayoría propia en ambas Cámaras asegurado, antes de que las elecciones de octubre muevan la relación de fuerzas en el Parlamento y reemplacen al titular del Poder Ejecutivo.
El ya ex juez de la Corte Suprema de Justicia, Eugenio Zaffaroni, tiene en sus manos la tarea de redactar el dictamen final de la reforma. Lo hará en base a las recomendaciones que hicieron a lo largo del año universidades de todo el país y estaría listo para febrero o marzo próximo, según él mismo anticipó en los últimos días.
El primer anteproyecto confeccionado por la comisión redactora encabezada por Zaffaroni le había sido entregado a Cristina Kirchner en febrero de 2014, dando lugar a la controversia con la oposición. Entre los puntos principales de ese primer bosquejo se encontraron la eliminación de la pena de prisión perpetua y los agravantes para los casos de reincidencias, propuestas que obtuvieron un sonoro rechazo en distintos sectores. En el caso de la prisión perpetua, el anteproyecto estableció dos categorías para catalogar a los delitos como "graves" y "gravísimos", con una elevación del máximo de la pena de 25 a 30 años de cárcel. La comisión encargada de redactar el anteproyecto estuvo integrada por Zaffaroni, el ex ministro de Seguridad bonaerense, León Arslanián; el diputado del PRO Federido Pinedo; la socialista María Elena Barbagelata; y el ex legislador y constitucionalista radical, Ricardo Gil Lavedra.
En el Gobierno, uno de los principales impulsores de la reforma es el secretario de Justicia, Julián Álvarez, referente de La Cámpora. Sin embargo, algunos legisladores kirchneristas tienen reparos a la hora de volver a alentar la discusión y puertas adentro admiten que reavivar la reforma del Código Penal podría volver a darle aire a Massa en plena campaña presidencial. No los entusiasma la idea de entregarle al líder del Frente Renovador una discusión que pueda utilizar a su favor en medio de la carrera electoral.
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