La provincia de Buenos Aires formalizó este viernes su adhesión al protocolo de aborto no punible que había lanzado el Ministerio de Salud nacional escasos días después del cambio de Gobierno. El acto se realizó este viernes en la sede de la cartera sanitaria provincial, ubicada en la ciudad de La Plata, y estuvo a cargo del titular del área, Daniel Gollán, y su par de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual, Estela Díaz.
"Está en el Código Penal y un fallo de la Corte dijo que hay que hacer este tipo de protocolos. Quien no lo hace, no puede decir que respeta a la Justicia o defiende a la República", explicó el ministro de Salud bonaerense y ex titular de la cartera nacional.
De esta manera, la provincia de Buenos Aires se suma a la de Santa Fe, que el pasado miércoles había oficializado la adhesión al protocolo de Interrupción Legal del Embarazo que publicó el ministro de Salud nacional, Ginés González García, el pasado 13 de diciembre.
El texto oficial apunta a los casos de aborto no punible previstos desde 1921 en el Código Penal: si se realiza "con el fin de evitar un peligro para la vida o la salud de la madre y si este peligro no puede ser evitado por otros medios" o "si el embarazo proviene de una violación o de un atentado al pudor cometido sobre una mujer idiota o demente", reza el artículo 86.
El protocolo de González García es muy similar al que firmó el ex secretario de Salud Adolfo Rubinstein en noviembre pasado, aun durante la gestión de Mauricio Macri. Sin embargo, a las pocas horas de haber sido publicado en el Boletín Oficial, el propio Mauricio Macri vetó el protocolo y provocó la renuncia de Rubinstein a su cargo, que quedó vacante durante casi 20 días hasta el cambio de gobierno, el pasado 10 de diciembre.
Asimismo, el actual presidente de la Nación, Alberto Fernández, prometió en varias oportunidades que va a enviar al Congreso nacional un proyecto de ley para legalizar el aborto, similar a la iniciativa impulsada por la Campaña Nacional por el Aborto Legal que se trató por primera vez en el Poder Legislativo en 2018. En aquella ocasión, el proyecto fue aprobado en la cámara de Diputados pero luego se rechazó en el Senado.
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