En la provincia de Buenos Aires la superpoblación y el hacinamiento de las cárceles es un tema que da mucho de qué hablar y, por ello, el gobierno provincial creó una estrategia para combatirlo.
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El ministro de Justicia de la provincia, Gustavo Ferrari, lanzará este miércoles en la Legislatura el "Plan de Reforma del Servicio Penitenciario Bonaerense" y, en ese sentido, aseguró: "La sociedad argentina tiene que entender que hay que ocuparse de las cárceles. No sólo por una cuestión de derechos de los internos, sino también por un factor directamente relacionado con la seguridad. No queremos más que las cárceles sean universidades del delito".
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Por ello, el gobierno que dirige María Eugenia Vidal se propuso objetivos a cumplir en 2016 y en 2017. Sin embago hay otros que, admiten los funcionarios, "sólo se podrán lograr en unos 10 años, con voluntad política y una sostenida política de Estado".
El plan se articula de dos maneras: por un lado, buscan tratar las condiciones de habitabilidad, que implican todos los aspectos de la vida de los internos y, por otro, el fortalecimiento institucional del Servicio Penitenciario Bonaerense.
Para lograr el primer punto, el PRO busca sumar un promedio de 2.000 plazas anuales a lo largo de la gestión y el Ministerio de Justicia bonaerense buscó –a través de reuniones con la Jefatura de Gabinete de Nación y el Ministerio de Defensa– predios abandonados, por ejemplo del Ejército, para construir cárceles allí. "Ya identificamos espacios disponibles en Ensenada, Tigre, San Martín, Azul, Bahía Blanca, San Nicolás, Tandil y Quilmes", detalló Ferrari.
Lo mismo se tratará de implementar con los municipios para sacar de las comisarías bonaerenses a los 2.300 presos que aún están alojados en ellas. En ese sentido, se les pedirá a los intendentes que aporten edificios en desuso para construir alcaidías.