El gobierno nacional benefició a los funcionarios públicos que designó la gestión de Cambiemos mediante la firma de dos actas que crean un sistema de remuneración propio con altos salarios, baja los requisitos para la contratación e impone el pago de una indemnización en caso de que quieran removerlos. La Asociación Gremial de Abogados del Estado (AGAE) presentó un amparo en la Justicia laboral para detener la decisión y advierten que los acuerdos están hechos para quedarse con puestos técnicos claves en un futuro gobierno.
De acuerdo al acta, el funcionario de mayor rango -director nacional o general- cobrará por mes 7941 unidades retributivas que cada una vale 33 pesos y que elevan el sueldo mensual a 262 mil pesos.
"Los que hoy están en esos puestos no cumplen con los requisitos mínimos de la ley marco de empleo público. Entonces le reducen los requisitos para que puedan quedarse en el cargo", afirma a El Destape Ruben Ramos, quien explica que los funcionarios que no son idóneos para el cargo entraron al Estado contratados de forma directa y en un cargo temporal.
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Mediante la publicación de las actas publicadas el 22 de julio y el 6 de junio, el gobierno nacional firmó un convenio con el gremio UPCN que modifica el Convenio Colectivo de Trabajo dictaminado con el decreto 214 del 2006 y establece un marco de contratación especial para los empleados que integren la Alta Dirección Pública. De acuerdo a datos de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), los funcionarios beneficiados con la modificación son 2500 y forman parte de todos los ministerio del Estado.
"Se crea un sistema remunerativo especial e indemnizatorio para ellos, sin fundamento alguno, violando el principio de igualdad ante la ley, comprensivo de la igualdad de oportunidades y de trato (art 16 CN), sin sustento razonable alguno (art. 28, CN), en detrimento de los agentes alcanzados por el SINEP", denuncia el amparo que presentó la Asociación Gremial de Abogados del Estado.
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Entre los requisitos que bajan para poder dar lugar a los funcionarios del actual gobierno figuran: una reducción a un año de estabilidad en el cargo para poder concursar (antes era de cinco) y una prueba que pasó a ser de seis meses cuando antes era de un año. A su vez establece una millonaria indemnización.
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"Ellos no piensan en los recursos humanos. Están acomodando a los cuadros técnicos políticos de ellos para que se queden en el Estado. En caso de que quieran echarlos van a tener que poner una gran torta de guita", afirmó el secretario general de ATE Capital, Daniel "Tano" Catalano, quien además cuestionó la decisión al manifestar que "carece de honestidad política y es tomada por un gobierno en retirada".
La AGAE presentó un amparo y pidió que se aplique una medida cautelar que fue rechazada por el Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo N° 69, a cargo de José Ignacio Ramonet. La asociación de Abogados apeló ante la Cámara Nacional de Apelaciones la decisión de Ramonet, quien es conocido por haber trabado un embargo contra la familia de Hugo Moyano en una causa iniciada por el supuesto desacato a una conciliación obligatoria.
No es la primera vez que el gobierno nacional designa a funcionarios que no cumplen los requisitos. Laura Alonso fue designada al frente de la Oficina Anticorrupción, pese a que el organismo tenía como requisito obligatorio ser abogado/a y haber ejercido esa profesión durante al menos seis años.
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