El escenario que impone el Gobierno de ajuste, pérdida de derechos, más desocupación y la pobreza, tiene como consecuencia el aumento de la desigualdad entre hombres y mujeres. Nosotras, por seguir siendo las responsables de los trabajos reproductivos y de cuidado, ingresamos al mercado de trabajo en posiciones más precarias, en peores condiciones y cobramos en promedio 27% menos que ellos. A su vez, somos quienes nos encargamos mayoritariamente de pagar las tarifas y servicios del hogar e ir al supermercado, por lo que nuestros salarios se ajustan rápidamente con la inflación. Las mujeres sufrimos los recortes en salud, en educación, en las jubilaciones y pensiones, más que los hombres, porque substituimos el trabajo del Estado ausente con nuestros cuidados, o porque somos dependientes de jubilaciones mínimas y no disponemos de otros bienes. Por eso, decimos que la crisis tiene cara de mujer.
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En este contexto tan duro, resulta fundamental hablar de una de las grandes e invisibilizadas deudas vinculadas al acceso a la salud integral y a la educación sexual de las mujeres y personas gestantes: el aborto legal, seguro y gratuito. Garantizar la salud quiere decir dejar de transcurrir a la clandestinidad para realizarse una interrupción voluntaria del embarazo que nos somete a las mujeres a vivir en riesgo.
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Tal como lo expuso la historiadora Dora Barrancos durante su intervención sobre el tema en el Congreso de la Nación: el aborto es una práctica que se mantuvo presente a lo largo de toda nuestra historia ya que nuestro país “... ha gozado en sombras de una larga legitimidad del aborto, que contradice con las formas de punición legales”. El derecho al aborto es entonces una deuda fundamental de nuestra democracia.
La prohibición de la interrupción voluntaria del embarazo no solo representa una problemática hacia las mujeres y las personas gestantes en su conjunto, sino también un problema de inequidad entre nosotras, ya que al realizarse en la clandestinidad, el aborto se vive en contextos y con consecuencias muy disímiles para cada mujer. Mientras que para las clases medias y altas el aborto se realiza con todas las garantías sanitarias, para las mujeres de los sectores populares estas decisiones constituyen riesgos muy grandes para su salud, e inclusive para sus vidas.
En contraposición, a nivel mundial, las tasas de mortalidad materna disminuyeron en los países que adoptaron reformas legales más permisivas. Un ejemplo de ello es Uruguay, donde luego de la sanción de la ley sobre la interrupción legal segura y gratuita del embarazo en 2012, se alcanzó la tasa de mortalidad materna más baja de las Américas después de Canadá.
Este 13 de junio, por primera vez en la historia argentina, se debate en la Cámara de Diputados y Diputadas de la Nación sobre la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo. Ésta es una victoria del movimiento de mujeres y las organizaciones políticas sobre los derechos sexuales y reproductivos de las personas gestantes, quienes sostienen de manera coherente y mancomunada la lucha por la autonomía de nuestros cuerpos y por la salud pública de todas las mujeres y personas gestantes.
Tal es la fuerza de este movimiento que logrará llevar al recinto una ley muy completa, que habilita el ejercicio de la autonomía sobre sus cuerpos, con interrupción voluntaria del embarazo hasta las 14 semanas de gestación, prohibiendo la objeción de conciencia de las instituciones y obligando a los servicios de salud a contar con profesionales que garanticen este derecho. Al mismo tiempo, se busca mantener la despenalización del aborto por causales, a fin de proteger principalmente a aquellas mujeres que padecen abusos sexuales en una gran mayoría de los casos no acceden al sistema de salud en el primer trimestre, por implicancias propias de las agresiones sexuales padecidas. La propuesta de ley garantiza también los derechos de las personas menores de edad, a través de la escucha activa y la capacidad de cada una de ellas, se busca generar un espacio donde las jóvenes puedan manifestar su voluntad y que la misma sea respetada por los servicios de salud.
El proyecto que llega en más de una semana a la Cámara de Diputados fue debatido, consensuado, luchado con la intensidad con la que el feminismo se mantiene en agenda y fomenta cambio estructurales. El proyecto nos interpela, nos obliga a repensarnos y nos permite deconstruirnos, entendiendo que las luchas no se pueden dar sin todas y cada una de nosotras, y que todas debemos despertarnos para continuar este movimiento de transformación social para una sociedad más justa y libre. Siendo mujeres, lesbianas, trans, indígenas, latinoamericanas, de clases populares o clase media, o desde cualquier identidad tenemos la fuerza de seguir gritando “abajo el patriarcado, se va a caer, se va a caer”.
Por Sofía Abriata (especialista en políticas de género) y Delfina Rossi (economista).
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