Las declaraciones de Alberto Fernández sobre las Leliqs provocaron una importante discusión en la opinión pública esta semana. Se podría decir que emergió la verdad grieta: entre aquellos que apuestan a la timba financieras y quienes buscamos que el Estado ayude a activar la producción nacional y la generación de trabajo digno y de calidad. Ahora bien, el modelo de casino financiero o de redistribución de la riqueza de abajo hacia arriba, tiene otros componentes además de las Leliqs: los créditos UVA.
La UVA es una unidad de indexación que se utiliza en economías con cierta inflación y con una moneda débil para evitar transacciones en dólares, y dar cierta seguridad a quien presta el dinero (los bancos), facilitando así el acceso al crédito de familias asalariadas. Así, los préstamos en UVA supuestamente tienen una tasa mucho más baja que los tradicionales, son diseñados a plazos más largos y se puede agregar varios cotitulares. Es decir, en principio puede ser un buen instrumento para la inclusión financiera.
Ahora bien, el problema surge cuando se hace un mal uso de esta herramienta y se sobreendeuda a clases populares y asalariadas en un contexto de crisis económica. Con niveles de alta inflación y pérdida de ingresos por parte de los tenedores de créditos, el problema se vuelve evidente: aumenta más la cuota en UVA que los ingresos, afectando una proporción mayor a los salarios.
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¿Cuándo empezó esto? A mediados del 2016 el banco central lanzó estos créditos UVA para la compra de la vivienda, pero se aplicó masivamente (principalmente por parte del Banco Nación) en el 2017, justo antes de las elecciones de medio término. Evidentemente existe un problema estructural en la Argentina: garantizar el derecho a la vivienda y la casa propia para muchas familias asalariadas es un lujo, y el sistema financiero no ofrece alternativas para esto, pero la UVA no ha solucionado el problema. Esta siendo peor el remedio que la enfermedad.
Para dimensionar el tamaño de los créditos otorgados, en diciembre de 2016 se habían dado más de 212 mil préstamos hipotecarios y en 2018 se otorgaron 275 mil, la mayoría de estos créditos UVA y otorgados por la banca pública (BNA, Banco Provincia y Banco Ciudad de Buenos Aires). De hecho, en el 2016 el Banco Nación contabilizó en la cuenta Préstamos Hipotecarios para la vivienda $ 24.036 millones de pesos, este valor representaba el 3,29% del activo. Mientras que en el balance 2018 se registró 110.977 millones de pesos en este mismo tipo de créditos, resultando un 9,15% en la participación sobre el activo, y un 30% del total de préstamos otorgados. Es el Banco Nación quien, impulsado por una política nacional de endeudamiento a sectores asalariados, más préstamos hipotecarios otorgó. De hecho, contando otros créditos en UVA (para auto y moto), vemos que el 80% de los créditos UVA fueron otorgados por la banca pública.
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La pregunta es: ¿está mal que el Banco Público facilite la inclusión financiera para comprar una vivienda? ¡Por supuesto que no! De nuevo, el problema es utilizar una herramienta insostenible. Hoy las familias no pueden afrontar el costo de pagar su hipoteca en UVA y la restructuración se expondrá el balance de la banca pública, la cual ha sido desfinanciada, y no se encuentra haciendo su principal labor: fomentar el crédito productivo a la industria y al agro para la generación de ocupación.
La situación es dramática. La UVA aumentó un 176% desde 2016, pasando de 14 a 40 pesos. Paola Gutiérrez, representante de Hipotecados UVA, afirma que hay unas 110 mil familias con créditos de vivienda en UVA en todo el país y las familias no saben como responder a este aumento mientras sus ingresos se desploman, viven con la angustia de perder su casa y lo pagan en salud.
Quienes tomaron estos créditos son aquellos que no entraron en el Procrear y no tiene condiciones para acceder a un crédito clásico. Son mayoritariamente mujeres con hijos, empleadas del sector público con un salario promedio de 25.000 pesos que buscaban reducir el costo de alquiler y acceder a la vivienda propia. Les hicieron creer que con los créditos UVA iban a poder hacerlo, pero hoy no saben donde más achicar gastos para poder pagar la cuota y subsistir. Otras empezaron a vender la vivienda, pero con el valor de la venta no necesariamente llegan a cubrir el monto del crédito, y el mercado inmobiliario está sepultado. Si, por ahora la mora de préstamos UVA es muy baja, porque la cuota está atada a la cuenta sueldo y a la tarjeta de crédito, o sea, si o si lo descuentan. Pero luego las familias se endeudan con las tarjetas, o sea pagan dos veces intereses para no perder su casa.
¿Cómo salimos de esto? Hay que pensar dos elementos acá. El primero es garantizar la vivienda de las personas que tienen una hipoteca en UVA y buscar un plan de pagos. En este sentido, las propuestas del colectivo Hipotecados UVA son claras: frenar las ejecuciones, otorgar un tiempo de gracia para quienes se quedaron sin trabajo, garantizar que la cuota no pueda superar el 30% del salario, y que la UVA no se actualice por inflación, sino por otro índice relacionado al aumento salarial (CVS por ejemplo). Ahora bien, esto debe conllevar la resolución del segundo elemento: sanear los balances de la Banca Pública para que esta pueda seguir prestando, dando crédito productivo como crédito a la primera vivienda. En este sentido, el Estado podría emitir un Bono a modo compensatorio y asumir el mal diseño de su política pública.
En definitiva, solo se requiere de voluntad política para no caer en un escenario similar a las hipotecas subprime de Estados Unidos o las ejecuciones de vivienda en España.