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En líneas generales, los tres bloques peronistas están de acuerdo en poner un freno a los exorbitantes aumentos de tarifas de servicios públicos, que en algunos casos multiplican hasta por 10 los montos que venían pagando los usuarios. Las diferencias podrían surgir en la letra chica; es decir, en cómo implementar un nuevo cuadro tarifario.
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Mientras tanto, el Frente para la Victoria (FpV) pretende convocar a una sesión especial en la cámara de Diputados para dar marcha atrás con los incrementos y proponer un nuevo esquema. En el proyecto que piensan llevar al recinto, en caso de tener éxito, están trabajando el jefe del bloque, Héctor Recalde, junto al ex ministro de Economía, Axel Kicillof, y a Eduardo "Wado" De Pedro.
La posibilidad de una sesión especial es vista con buenos ojos por el massismo, que aguarda ver la respuesta que desde la Casa Rosada le pueden dar a la carta que el ex intendente de Tigre le envió al presidente para que revea la medida. Fuentes alegadas a ese bloque parlamentario aseguraron a El Destape que el FR está "dispuesto a discutir" un tope al tarifazo y el llamado a sesión especial, ya que "es necesario". La intención, en sintonía con el FpV, es retrotraer la resolución del ministerio de Energía que incrementó las tarifas para que el Estado convoque a audiencias públicas con el fin de discutirlo, algo que Aranguren salteó para aplicar con velocidad el mal llamado sinceramiento tarifario.
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Desde este sector político son Marco Lavagna, José De Mendiguren y Aldo Pignanelli quienes están estudiando la cuestión para presentar un proyecto alternativo que se discuta con los demás bloques.
En el Bloque Justicialista, por su parte, levantan la bandera del proyecto que ya presentó el pampeano Sergio Ziliotto, que en realidad busca equiparar el costo del servicio para los usuarios de todo el país, algo que el macrismo argumentaba-no sin razón- como crítica al antiguo régimen de tarifas, que favorecía en muchos casos a usuarios de buen poder adquisitivo de la Capital Federal. Además, propuso declarar la "emergencia tarifaria" por el lapso de dos años para centros culturales, obras sociales y entidades turísticas.
Lo que juega en contra de esta iniciativa es, hasta el momento, que de ninguno de los tres sectores se contactaron para unificar en un proyecto abarcador. "El FpV pide sesión por los medios pero no se juntó con los jefes de bloque", dispararon desde el Bloque Justicialista. Entre los renovadores asumen que tampoco hubo contactos dentro del panperonismo. En la posibilidad de acordar o no está la chance de que la oposición le aseste al Gobierno una derrota política y un alivio a los consumidores, golpeados por una medida inviable.
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