Un grupo de diputados opositores de distintas fuerzas políticas analizó el anuncio de la creación de una nueva Agencia de Inteligencia por parte de la presidenta Cristina Kirchner, y criticaron a la primera mandataria por seguir "defendiendo" el Memorándum con Irán, por pasar las escuchas a la Procuración General, dirigida por Gils Carbó, y le pidieron que le dé las condolencias a la familia del fallecido fiscal.
El diputado nacional por Mendoza y ex vicepresidente de la Nación Julio Cobos sostuvo que "es importante la reforma anunciada", pero aclaró que no se debe perder "el centro de la cuestión: hay una denuncia gravísima por encubrimiento contra la Presidenta de la nación y una muerte del fiscal que la realizó". "Este el eje central, la gravedad institucional generada a partir de la muerte de un fiscal ocurrida momentos antes de presentarse en el Congreso de la Nación, por haber denunciado a la
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presidenta y a otros funcionarios", indicó Cobos.
El ex vicepresidente de la Nación volvió a cuestionar el memorando de entendimiento con Irán por considerarlo "irracional" , "inconstitucional porque así lo estableció la Justicia" e "inmoral por la muerte de Nisman", al tiempo que instó a "derogarlo".
"El oficialismo siempre tergiversa objetivos loables. Obviamente los objetivos expresados sobre lo que tienen que hacer los servicios lo compartimos todos: combatir a los peligros extranjeros, narcotráfico, ciber delitos, y no para espiar a políticos opositores, empresarios, como se ha venido haciendo",
precisó el diputado radical, quien pidió que las reformas abarquen "al servicio de inteligencia del Ejercito a cargo del General (César) Milani, sospechado de delitos de lesa humanidad".
Por su parte, el senador radical y precandidato presidencial Ernesto Sanz también fustigó la propuesta del gobierno nacional: "Claro que hay que disolver la SIDE. Claro que hay que hacer una nueva ley para reconstruir unos servicios de inteligencia democráticos y limpios", sostuvo Sanz, pero advirtió: "No vamos a aceptar que eso sea el método para borrar todo lo que ha sucedido durante estos doce años en ese fondo de reptiles que ha sido la SIDE".
Vamos a poner freno a esta nueva operación de impunidad
Asimismo, adelantó que se contactará "con todas las fuerzas políticas de la oposición para coordinar nuestra respuesta y poner freno a esta nueva operación de impunidad que hoy ha puesto sobre la mesa la Presidenta".
Sanz insistió: "No vamos a aceptar que un gobierno a punto de terminar su mandato, de forma unilateral y sin consenso, con el pretexto de una reforma necesaria trate de borrar el pasado".
Sanz insistió: "No vamos a aceptar que un gobierno a punto de terminar su mandato, de forma unilateral y sin consenso, con el pretexto de una reforma necesaria trate de borrar el pasado".
En tanto, el presidente del bloque de Diputados de la UCR, Mario Negri señaló que el Gobierno usó "durante 12 años los servicios de inteligencia para espiar a militantes al servicio del
poder". "Han desplazado los servicios a mano de Milani, de la inteligencia militar ni una palabra. Una nueva ley de inteligencia no se hace a los atropellos, requiere consenso. No respetaron un renglón de la ley de Defensa, de seguridad nacional y de inteligencia. Nos recordó quien es la ministra de Seguridad", ironizó.
Desde el Frente Renovador respaldaron la disolución de la SI aunque pusieron un manto de duda sobre la nueva agencia gubernamental. ""Habrá que ver si la nueva Agencia tiene la misma matriz corrupta o realmente se cambia de raíz la situación actual", dijo el diputado nacional Alberto Assef.
Habrá que ver si la SI cambia la matriz actual
"Si la Agencia nueva sigue con carpetazos, escuchas clandestinas, operaciones sucias y espionaje a los opositores no habrá cambiado nada. Me parece bien que, como lo planteamos en nuestro proyecto de nueva ley de inteligencia presentado el 19 de diciembre de 2014, las escuchas salgan de la órbita del Ejecutivo", indicó Aseff.
Y remarcó que "respecto del tozudo ataque a Clarín, realmente la Presidenta en vez de tranquilizar al país sigue en tren de guerra". "Es exactamente lo contrario de lo que necesitamos. A los 40 millones de argentinos no nos interesa de quien es hermano Diego Lagomarsino, sino qué pasó con Nisman", resumió.
Otro diputado massista, Adrián Pérez, criticó que sea la Procuración Nacional la que quede a cargo de las escuchas porque "tiene una causa por escuchas ilegales a fiscales opositores". En su cuenta de Twitter consideró "positivo" debatir sobre la Secretaria de Inteligencia, "pero con un mero cambio de nombre no hacemos mas que mantener la misma estructura".
En sintonía estuvo el jefe del bloque macrista, Federico Pinedo, quien reclamó que las escuchas "las haga la Corte Suprema" y no "Milani, una agencia o Gils Carbó".
Desde el Senado, Gabriela Michetti se mostró abierta a discutir la iniciativa legislativa, pero recalcó que tienen "claro" que "el problema es la práctica de gobierno".
"A mí no me da ninguna tranquilidad de que acá va a haber independencia", subrayó Michetti, respecto de la posibilidad que la Procuración General quede a cargo del sistema de escuchas.
Los dirigentes del frente de izquierda PTS/FIT Nicolás del Caño y Christian Castillo descreyeron de los anuncios realizados esta noche por la Presidenta, al afirmar que "nada bueno" se puede esperar de un gobierno "con prontuario de persecución e infiltración" a organizaciones sociales.
En una declaración escrita, ambos candidatos afirmaron que "después de doce años y a partir de una guerra abierta entre los propios servicios de inteligencia que el Gobierno cobijó y utilizó, la Presidenta intenta salir de la profunda crisis en la que está sumido su gobierno con medidas que de ninguna manera podemos compartir quienes hemos sido víctimas de su política de alianzas con los servicios y las patotas sindicales".
Desde el ámbito judicial también se expresaron al respecto. El presidente de la Asociación de Magistrados, Ricardo Recondo, remarcó que es "necesario" un cambio en el área de inteligencia, pero cuestionó el "apuro" del Gobierno por presentar el proyecto, al que definió como "un manotazo de ahogado frente a un magnicidio que el Gobierno minimiza".
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