Hacia fines del mes pasado y durante enero se repitió la postal veraniega de diciembre de 2015: policías con listas en distintas dependencias del Estado, que impedían el ingreso de muchxs trabajdorxs a sus puestos.
Desde la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) denuncian más de 3.000 despidos en los distintos niveles del sector público. En muchos de ellos hubo resistencia y lxs trabajadorxs siguen movilizados exigiendo reincorporaciones: en el Canal de la Ciudad, en el Hospital Posadas, en Fabricaciones Militares, en la Unidad Ejecutora Provincial de la Platay también en el municipio deQuilmes. En algunos de estos casos, las autoridades despidieron a activistas sindicales que no contaban con fueros por tratarse de trabajadores precarizados.
Mientras tanto, se produjo la oportuna filtración de un documento del Ministerio de Modernización, a cargo de Andrés Ibarra, en el que se revela que el Estado Nacional podría prescindir de 20 mil trabajadores.
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En general, no hubo explicaciones oficiales que justificaran esta tanda de despidos. Según lo que se infiere del discurso oficial, esos puestos eran innecesarios y se los elimina en pos de reducir el déficit fiscal.
Sin embargo, la explicación del Gobierno se muestra incoherente por dos motivos: la política de despidos no mueve el amperímetro del déficit fiscal y, aún si así fuera, se han contratado más trabajadorxs de lxs que se despidieron. Entre septiembre de 2016 y de 2017, el empleo en el sector público incluso aumentó un 1.4%.
Por otra parte, el rojo que tienen las cuentas públicas en 2017 contando el pago de intereses de la deuda es de 630 mil millones de pesos. Se estima que esto representa un déficit 6,1% del PIB (6,5% sin contar el blanqueo impositivo), pero el despido de 20.000 empleados que aconseja el Ministerio de Modernización apenas alcanzaría a reducirlo en un 0,06% del PBI, incluso sin considerar los costos asociados (indemnizaciones, nuevas erogacionespor asignaciones que pasarían a cobrar los nuevos desempleados, etc.).
En este contexto, se viralizó un audio de WhatsApp en el cual el ministro de Trabajo humilla y despide por teléfono a una empleada doméstica. Esta revelación fue seguida de otras novedades que generaron rechazo entre los propios miembros del Club Político Argentino. La empleada del ministro Triaca había sido contratada por la intervención del Sindicato de Obreros Marítimos (SOOMU) que él mismo había ordenado, luego de varios años de trabajar en negro para su familia. Los intelectuales oficialistas criticaron la corrupción del Ministro, pero su silencio sobre el maltrato a su empleada y el desprecio al trabajo doméstico, un sector donde el 80% de las trabajadoras son precarizadas, avalan su carácter intrínsecamente machista.
El machismo del ministro Triaca tampoco despertó la preocupación de las más altas esferas del Gobierno. De momento, Triaca ha sido ratificado en su cargo por el Jefe de Gabinete, Marcos Peña, y el presidente Mauricio Macri en una nueva señal de luz verde para que el empresariado reduzca personal.
Según los últimos datos oficiales disponibles, entre noviembre de 2015 y octubre 2017 se destruyeron 17.300 puestos de trabajo en el sector privado. La película es peor que la foto: se destruyeron los trabajos mejor remunerados, pero el empleo generado fue de menores ingresos y peores condiciones laborales. En los últimos dos años, en la industria se perdieron 62.191 puestos (el 5% del total del empleo industrial), mientras que los sectores que más crecieron fueron la construcción y el comercio.
En cuanto a la modalidad de contratación, según datos del Ministerio de Trabajo, entre septiembre 2016 y septiembre 2017 se crearon un millón y medio de nuevosmonotributistas (un 5,5% más) y 430 mil nuevos monotributistas sociales (modalidad que creció un 17,3% sólo en un año). Los asalariados registrados, en cambio, aumentaron solo 1,1%, sin llegar a recuperar el total de noviembre 2015.
En paralelo, el acuerdo de libre comercio que el gobierno está negociando con la Unión Europea pone en jaque 186.000 puestos de trabajo del sector industrial, según según un cálculo del Observatorio ODEP (Observatorio de empleo, Producción y Comercio Exterior – UMET). De ese total, 133.000 son empleos registrados y 53.000 son posiciones no registradas.
El caso de los despidos en el Estado se parece al del recorte en ámbitos como la provisión de tratamientos médicos de altos costos. Se utiliza el argumento del déficit fiscal y más de un distraído o distraída podrá creer que el Gobierno “está cuidando sus cuentas”.
Sin embargo, lo que el gobierno se ahorra es tan insignificante que obliga a buscar las razones en otro lado. En el caso de los medicamentos, quizás tenga que ver con allanar el camino para la provisión privada. Con los despidos, en cambio, se trata de dar luz verde al recorte en el sector privado y generar señales para los aún no muy convencidos inversores que siguen de cerca cada conflicto.
Todo pareciera ir hacia una misma dirección: la tarea del gobierno durante este año será preparar el terreno, sea como sea, para aprobar la reforma laboral y cerrar paritarias a la baja. Para eso necesita insultar trabajadoras, amedrentar a los sindicatos y que la estructura de empleo sea cada vez más precaria: ¿quién negociará acaso la paritaria del millón y medio de nuevos monotributistas?
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