Sin aviso previo y sin ningún plan de pago, la Obra Social de la Universidad de Buenos Aires (DOSUBA) aumentó su cuota un 400 por ciento en julio por “los altos costos de la Salud”. De esta forma, los pacientes que pagaban 1100 pesos pasaron a abonar 5150 de un mes a otro. La decisión generó una catarata de amparos y cartas documento que hasta el momento no impidieron el brutal incremento. En medio de la disputa legal quedan decenas de pacientes que deben cancelar tratamientos y quedan sin cobertura médica.
“Yo tengo 69 años, de un ojo no veo nada y del otro muy poco. En la calle camino con bastón por la visibilidad reducida ¿Qué obra social me va a recibir a esta edad y con este problema?”, pregunta a El Destape Adriana Scheinin, una investigadora y docente de Filosofía y Letras que trabajó 30 años en la Universidad de Buenos Aires.
El incremento es para los afiliados que están en la categoría de Ex Agente o Adherente. El primer caso corresponde a las personas que trabajaron de forma temporal en la UBA y que mediante aportes lograron tener la cobertura de DOSUBA. El segundo es de los familiares de algún titular de la obra social que se adhirieron a la obra social.
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La decisión causó que decenas de afiliados presentaran amparos y cartas documentos que acusa que al incremento de ser ilegal y expulsivo. El aumento fue aprobado por la dirección de DOSUBA y amparado por el rector de la UBA, Alberto Barbieri. “Ellos afirman que hubo un aumento sideral de los costos, entonces nosotros proponemos que se abran los libros para ver los números de la obra social”, sostuvo a El Destape Ileana Celotto, titular de la Asociación Gremial Docente (AGD UBA), el sindicato que comenda los reclamos de los afiliados.
DOSUBA ya había aumentado el costo de la obra social a los jubilados, a quienes pasaron de retenerle el 4,5 por ciento de sus jubilaciones al 9%. Sin embargo la presión del sindicato logró que den marcha atrás con la decisión. “Ahora el rector Barbieri se comprometió a no permitir el aumento a aquellos pacientes que estén en una situación de prexistencia, es decir que padezcan alguna enfermedad o tengan una discapacidad”, contó Celotto, aunque alertó que todo quedó en promesas por el momento.
“Esta situación además de ser ilegal y de atentar contra el derecho a la salud de los afiliados y sus familiares afecta de forma sustancial el ingreso salarial de la familia tornándose expulsivo”, sostiene el amparo que presentó el estudio jurídico de Luciano González Etkin, quien además recuerda que la salud es un derecho humano fundamental.
Por su parte, DOSUBA sólo se limitó a rechazar los amparos y justificar los aumentos por “las condiciones económicas generales” y “en particular los costos de salud”. Además afirmó que no está regida por la superintendencia de Servicios de Salud por considerarse un organismo autárquico. Desde AGD UBA exigen que el Ministerio de Educación haga un aporte para mantener la obra social y poder dar marcha atrás al aumento. La salud es un derecho y el Estado es responsable de garantizarla.
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