El editorial "Un manifiesto por la justicia" sugiere que miembros de las Fuerzas Armadas que formaron parte del Proceso de Reorganización Nacional, dictadura cívico militar que desapareció a 30.000 personas entre 1976 y 1983, no son juzgados en igualdad de condiciones que los militantes políticos que asesinaron.
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Según "un conjunto de muy destacados juristas, cuya independencia de opinión no requiere demostración" y por tanto, La Nación nunca los nombra, el carácter de "lesa humanidad" con el que se los juzga y por el cual no gozan de prisión domiciliaria ni prescripción de los delitos, debe ser equitativa con los grupos militantes armados o no utilizarse en lo absoluto.
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