Coronavirus: la miseria convoca a la miseria

Los modos en que se reacciona, individual y colectivamente, en circunstancias excepcionales y de clara emergencia como las presentes, demuestran la calidad humana que alienta nuestras acciones y es preciso ponerlas en evidencia para su valoración social.

De qué miseria hablamos

No motiva estas líneas una reflexión acerca de las condiciones más extremas de la pobreza, en cuanto a la carencia de bienes materiales, sino de otros valores cuya ausencia expresa miserias del espíritu, del alma, del corazón o de los sentimientos.

Lo mejor y lo peor del ser humano asoma en situaciones límites, tanto constituya una ocasión para mostrarse tal cual uno es o por propia elección entre las conductas alternativas que siempre la vida nos ofrece.

El egoísmo, la codicia y la despreocupación por las consecuencias que ese proceder pueda provocar en los otros, forman parte de lo peor. Pero cuando se asumen en situaciones sumamente críticas, desde posiciones aventajadas y teniendo a la vista el cúmulo de desgracias de la mayor parte de la población, configuran actitudes verdaderamente miserables.

Esas miserias suelen incitar otras, que funcionan en determinados ámbitos como un ejemplo a seguir o, cuanto menos, operan como habilitantes para adoptar similares comportamientos bajo la premisa de que sólo debe preocuparnos nuestro propio bienestar. El “sálvese quien pueda”, que no es más que eso, justamente: una vía por la cual sólo se salvaría el que puede y tiene con qué.

De la miserabilidad no están exentas las personas jurídicas, como son las sociedades comerciales, en tanto conforman una mera ficción del Derecho y detrás de las mismas están las personas humanas que son sus titulares o que, con distintos roles, conducen sus acciones.

Por lo cual, cuando se analiza y evalúa la actuación de compañías industriales, financieras, comerciales o de servicios, no debemos quedarnos en la superficie ficcional que resulta de su configuración jurídica, sino atender a las personas –de carne y hueso- responsables de sus destinos.

Fortunas sólo para afortunados

En estas semanas han causado revuelo los trascendidos acerca de ciertas iniciativas legislativas ligadas a imponer una mayor carga tributaria -transitoria, excepcional o no- a los grandes patrimonios, algunos de los cuales surgieran con claridad a la luz del día por el “blanqueo de capitales” implementado por el Gobierno de Macri.

Independientemente de las disquisiciones legales en torno a la validez o constitucionalidad de gravar, en esta emergencia, los bienes declarados recién al amparo del “Régimen de Sinceramiento Fiscal” (Ley 27.260 de mayo de 2016), lo que está fuera de toda discusión es que quienes lo hicieron eran evasores del Fisco y que ese patrimonio resultaría de dudoso origen.

Cuando se advierte la coincidencia entre las personas (humanas o jurídicas) que “blanquearon” las más importantes sumas, con las que ocupan destacados puestos en los rankings de titulares de las mayores fortunas no sólo en el orden local, sino incluso internacional, se disipa toda duda sobre la razonabilidad -y justicia- de exigirles un esfuerzo contributivo superior en las circunstancias que hoy vive el país.

Las entidades bancarias, que pertenecen a un área seriamente cuestionada por el rol que cumple en la fuga de capitales y lavado de dinero, hacen oídos sordos ante los reclamos empresarios de cumplir con la activación de líneas de crédito para el pago de salarios conforme las tasas indicadas por el BCRA.

Tan es así que luego de un comunicado conjunto de la CGERA y la CGE denunciando ese proceder omisivo, el Presidente de la CGE señalaba los siguientes datos sobre las ganancias que los Bancos han obtenido: $ 325.000 millones en 2018, $ 800.000 millones en 2019 en colocaciones en Leliqs con tasas del 80% anual y que representan en el año 2020 $ 1,3 billones y $ 600.000 millones en financiación de tarjetas de crédito con la imposición de tasas de interés que llegan al 120 % anual.

La industria de la carne en sus diferentes fases (producción, faenamiento, distribución y comercialización) ha dado cuenta de severas irregularidades a lo largo del tiempo, que hoy también denota.

Sin embargo, en esta semana se dio a conocer un episodio particularmente grave en Venado Tuerto (Santa Fe), con motivo de una inspección municipal -resultante de una denuncia- en que se constató que más de 500 kgs de carne en descomposición estaba siendo sometida a un proceso de lavado (con cloro y lavandina) para su venta. Luego, pudo comprobarse que en similares condiciones había otros 1.000 kgs. de carne, guardados en cámaras de frío en los sectores de Panadería y Repostería del mismo establecimiento.

Se trataba de un Supermercado del Grupo “La Anónima”, perteneciente a la familia Peña Braun, que opera 162 sucursales en más de 80 ciudades en La Patagonia, Córdoba, Buenos Aires y Santa Fe.

La especulación con las necesidades de la gente se advierte también en otros órdenes, como es el caso de las aseguradoras de riesgos del trabajo (ART) que están impulsando acuerdos conciliatorios en reclamos por accidentes de trabajo, con ofertas miserables en base al reconocimiento de mínimos grados de incapacidad y pagos a treinta días hábiles de obtenida la homologación de los convenios, cuya tramitación importa un plazo adicional no inferior a otros diez días hábiles.

A la vez que rehúsan la cobertura por el Covid-19 y que, más allá de su inclusión o no en el listado de enfermedades profesionales, constituye un riesgo concreto frente al cual deberían efectuar acciones de prevención y control que tampoco implementan.

Creciente violación de derechos laborales

La conmoción que ha generado el aislamiento social preventivo obligatorio se ha proyectado con particular virulencia en el mundo del trabajo, a pesar de las medidas tutelares dispuestas por el Gobierno nacional y los apoyos brindados al sector empresario.

Los incumplimientos no se ciñen a lo concerniente al cuidado de la salud de quienes deben seguir prestando tareas, por la falta de provisión de los elementos de protección personal y de adopción de dispositivos de seguridad e higiene. Sino que se verifican en materia salarial tanto para los que continúan trabajando como, en mayor proporción, para los que están exceptuados y deben acatar el confinamiento obligatorio.

La empresa de la alimentación AVEX DANICA (del Grupo Beltrán) despidió a cinco trabajadores que reclamaban para que se cumpliera con los protocolos de seguridad por el Covid-19, luego no acató la Conciliación Obligatoria dictada por el Ministerio de Trabajo bonaerense y cerró la planta de Llavallol para impedir la reincorporación de los cesanteados, afectando con el lock-out a más de 150 trabajadores e interrumpiendo una actividad industrial considerada esencial.

Por la denuncia del sindicato de empleados de comercio (SEOCA) de zona oeste de la Provincia de Buenos Aires, se hizo público que la empresa GARBARINO – COMPUMUNDO, que cuenta con 146 sucursales, había decidido abonar sólo el 32% de la remuneración básica a su personal.

Varias cadenas de comidas rápidas (McDonald’s, Burger King, Mostaza, Starbucks, Wendy’s) resolvieron reducciones salariales de hasta el 50% en el mes de marzo, además de negar el pago del premio por presentismo aduciendo que para hacerse acreedor al mismo debe verificarse asistencia perfecta, un verdadero absurdo estando al cierre de los establecimientos por no tratarse de actividades exceptuadas y a la garantía de pago integral de la remuneración que establece la normativa vigente.

Un mayor nivel de desempleo no es sólo una proyección de las secuelas que dejará la Pandemia, sino que consiste en un fenómeno actual y en marcado aumento a pesar de la prohibición de los despidos que rige a partir del DNU N° 329/2020.

Una tendencia que encabezó la empresa TECHINT (del Grupo comandado por Paolo Rocca) con el despido de 1450 trabajadores encuadrados en el gremio de la construcción, favorecida por el precario régimen estatutario que se les aplica y motivada por ostensibles fines políticos de presión al Gobierno.

Un régimen “legal” miserable

El anacrónico Estatuto de los Trabajadores de la Construcción no brinda ningún grado de protección contra el despido arbitrario, a pesar del expreso mandato constitucional en tal sentido (Art. 14 Bis C.N.). El que no sólo se aplica a las constructoras, sino también a las contratistas de servicios tercerizados por empresas de energía eléctrica, gas, agua y otras muchas actividades.

Además, las escalas salariales establecidas no guardan relación alguna -en una gran proporción- con el verdadero sistema de retribución, que responde a tarifas –marginales- impuestas por las empresas en base a salarios a destajo. De tal modo, que las remuneraciones reales no se corresponden con los exiguos importes consignados en los recibos de sueldo.

Este Régimen fue sancionado en la dictadura de Onganía (por el decreto ley N° 17.258/68) y luego modificado con un sesgo aún más precarizador en la dictadura de Videla (ley de facto N° 22.250 aún vigente), por el cual se creaba un “fondo de desempleo”, al que actualmente se denomina “fondo de cese laboral”. Ese Fondo se forma con un aporte patronal -que se deposita en una caja de ahorro bancaria- equivalente al 12% de la remuneración mensual durante el primer año, que se reduce al 8% en los siguientes, y que reemplaza a las indemnizaciones por despido (preaviso y antigüedad) establecidas en la LCT.

Las sumas acumuladas en el Fondo las dispone el trabajador cuando se extingue la relación laboral, cualquiera fuese su causa, pero afectadas por la depreciación monetaria causada por la inflación a lo largo de los años que haya estado vinculado a la empresa. Resultando aún menor su entidad económica en los casos, por demás frecuentes, en que el empleador no registre formalmente la retribución efectivamente abonada.

Ese sistema es el que se pretende tomar como ejemplo desde hace ya unos años para extenderlo a los demás sectores de la actividad privada, propuesta que han retomado con mayor insistencia voceros de las grandes empresas (nucleadas en la UIA y otras Corporaciones patronales) aprovechando la actual situación de emergencia y frente a la acechanza de una enorme tasa de desocupación.

La solidaridad como imperativo

Lo que ocurrirá superada la epidemia por el Covid-19 es un enigma en el mundo, aunque constituye una certeza las gravísimas consecuencias económicas, sociales, políticas y hasta culturales que producirá.

Las conductas que se asuman en sintonía o no con la solidaridad que esta etapa nos demanda, deben ser objeto de estricta valoración y fundamento de las medidas que la sociedad reclame del Estado, tanto como registrarse firmemente en la memoria del pueblo para servir de guía en la definición del país que queremos y merecemos.

Sostenía Salvador Allende: “Los hombres y pueblos sin memoria de nada sirven, ya que ellos no saben rendir culto a los hechos del pasado que tienen trascendencia y significación, por eso son incapaces de combatir y crear nada grande para el futuro”.