El PAMI creó una obra social paralela para terciarizar los servicios y así desguazar al instituto. Su titular, Sergio Cassinotti, organizó una fundación para que asuma sus tareas, lo que está expresamente prohibido por ley. La maniobra es similar a la utilizada por el ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, para privatizar Vialidad Nacional. Por esto, un abogado previsionalista presentó un pedido de denuncia penal.
El miércoles, Cassinotti decidió la constitución de la Fundación PAMI – INSSJP, integrada por los mismos funcionarios a cargo del organismo original. En el acta de constitución se apoya en la ley 19.032 para tomar la decisión, ya que alega que ahí indica que “puede delegar el ejercicio de las actividades prestacionales en terceros prestadores, efectos y redes, lo cual viene sucediendo desde el momento mismo de su creación”. No obstante, esa norma es explícita con prohibir cualquier tipo de delegación de prestaciones a la obra social de los jubilados.
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Esta maniobra constituye una desregulación, de acuerdo al abogado Christian D’Alessandro, por lo que le presentó a la Unidad Fiscal de Investigaciones de Delitos de la Seguridad Social (UFISES) un pedido de pesquisa contra Cassinotti por abuso de autoridad, lo que constituiría un delito. Es que, según explicó a El Destape, la intención detrás puede estar en que las funciones le sean trasladadas a la fundación, por lo que la obra social deje de prestar servicios y ya no exista como ente público.
Como el instituto que atiende a jubilados cumple normas muy estrictas, una entidad nueva resulta la única vía para poder flexibilizar el trabajo de los médicos y de todos los trabajadores, además de desregular la calidad de la prestación, entre otras medidas, en pos de recortar presupuesto.
Este instituto paralelo, o “blue”, tendrá sólo un capital inicial de $ 100.000, según su acta constitutiva, responderá sólo hasta ese monto ante cualquier problema potencial. Es decir, que si debiera realizar un pago importante o abonar una demanda mayor a ese monto, entrará en quiebra inmediata y desaparecerá.
Para crear la fundación, Cassinotti citó a la ley 19.032, que lo regula. Sin embargo, el artículo 2 de dicha regla le prohíbe expresamente hacerlo. “El Instituto no podrá delegar, ceder o de algún modo transferir a terceros las funciones de conducción, administración, planificación, evaluación y control que le asigna la presente ley. Todo acto, disposición u omisión por parte de sus autoridades que infrinja este enunciado será declarado nulo de nulidad absoluta”, reza la legislación.
Por todo esto, D’Alessandro pidió que la UFISES investigue penalmente a Cassinotti por abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público. La unidad que encabeza Gabriel De Vedia podrá interponer una denuncia en los tribunales federales previsionales o pasarle la investigación a la UFI-PAMI, para que el fiscal especializado Javier Arzubi Calvo sea quien denuncie a los directivos de la obra social de los jubilados.
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