La Ciudad planea aplicar el programa Secundaria del Futuro desde marzo en 19 escuelas piloto pese al rechazo de la comunidad educativa. La ministra de Educación porteña, Soledad Acuña, debería haber comenzado el expediente interno para justificar este cambio hace más de un año, cuando comenzó a esbozarlo. Sin embargo, recién lo redactó un mes atrás, para intentar cubrirse en la Justicia, que aún debe decidir la constitucionalidad de la medida.
Luego de las tomas de colegios en septiembre en rechazo de las reformas que el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta intentó sin éxito criminalizar, los tribunales porteños acogieron los debates por iniciativa de los asesores tutelares Mabel López Oliva y Gustavo Moreno y ante el reclamo de estudiantes, padres y docentes.
La cartera educativa colaboró con información parcial ante la orden de la Sala II de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario brindar datos de la Secundaria del Futuro que debían ser públicos. Ante las faltas y contradicciones exhibidas por el Ejecutivo, los jueces Esteban Centanaro, Carlos Balbín y Mariana Díaz establecieron una mesa de diálogo para el 27 de diciembre y otra en febrero en las que los funcionarios detallen las modificaciones y sus motivaciones.
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Luego de este llamado de atención y para resguardarse ante los tres procesos judiciales en su contra, recién el 18 de diciembre el Ministerio de Educación decidió empezar a acatar las normas e iniciar el expediente administrativo EX-2017-29403851-DGEDS, donde reúne toda la documentación y dictámenes que llevaron a Acuña a impulsar la reforma educativa.
El informe interno, al que accedió en exclusiva El Destape, debió haberlo iniciado Acuña cuando comenzó a gestar la reforma educativa que contempla pasantías gratuitas y no nueve días antes de un encuentro judicial en el que confirmó que los cambios curriculares se aplicarán desde el ciclo lectivo 2018.
“El apuro de la administración de Rodríguez Larreta por cambiar el sistema omitió cualquier tipo de debate y tampoco le dio tiempo a que los funcionarios publiquen los lineamientos. Los escasos y contradictorios documentos públicos fueron editados y reeditados sobre la marcha ante las críticas de ilegalidad o inconstitucionalidad, pero con sus esencias inalteradas”, reflexionó el asesor Gustavo Moreno ante la consulta de este medio.
Dentro del reporte, la directora general de Educación Superior, Marcela Pelanda, admite que las actuaciones comenzaron “a los fines de convalidar los procesos de información pública, las reuniones celebradas y las presentaciones judiciales”. Con esto, ratificó que los datos no eran de público conocimiento, tal como reclamaban los alumnos durante las tomas.
El expediente en sí consiste, en gran parte, en las presentaciones judiciales que debió realizar la cartera educativa ante los reclamos de falta de transparencia, improvisación, ilegalidad e inconstitucionalidad.
Los registros de la reforma fueron puestos a disposición de la asesora tutelar de turno Norma Beatriz Sas, por decisión de la jueza Andrea Danas. Con dictamen favorable del fiscal Damián Corti, la magistrada habilitó para esto la feria judicial dado que el Gobierno de la Ciudad acompañó la copia recién el 29 de diciembre, el último día de trabajo regular en los tribunales. La segunda mesa de trabajo ordenada cautelarmente por la Cámara de Apelaciones se llevará a cabo en la primera quincena de febrero.
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El principal foco de la polémica reforma reside en la obligatoriedad y gratuidad de pasantías de los alumnos en empresas privadas en los quintos años de la secundaria, lo que está prohibido por la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires. Además, el Gobierno pretende eliminar la figura de docente para incorporar la de tutor y modificar las calificaciones numéricas por un sistema de créditos, pese a que luego se desdijo por esto último en sede judicial.
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