La madre de todas las batallas

Durante el kirchnerismo, se acuñó el concepto de “madre de todas las batallas” para referirse a la ley de medios. Y es que avanzado en el plano económico, se entendía que el nuevo desafío era cultural, para lo cual reemplazar la regulación de los medios elaborada durante la última dictadura cívico militar, resultaba fundamental. Sin embargo, en solo cuatro años, el macrismo sumergió a la Argentina en un pasado que parecía haber sido dejado atrás por la política de desendeudamiento del kirchernismo, como lo es el condicionante de la deuda pública para definir políticas económicas soberanas tendientes mejorar la calidad de vida de la población.

Así, un elemento que había signado al país durante la segunda mitad del siglo XX y principios del XXI, regresó en estos tiempos con toda su fuerza, asumiendo incluso un carácter de urgencia, pues solo en diciembre el gobierno deberá abonar vencimientos por 4500 millones de dólares, mientras que de los 180.000 millones que el macrismo se comprometió a abonar en los próximos cuatro años, sin el mínimo calculo de factibilidad, el 70 por ciento de los 30.000 millones comprometidos para 2020 vencen en el primer semestre. Por eso, hoy la madre de todas las batallas es una reestructuración exitosa de la deuda, y es una de las razones por las que ha sido designado como ministro de Economía un cuadro de las finanzas, Martín Guzman, que tiene como mayor expertise la reestructuración de deudas soberanas. Si bien Guzman se encuentra las antípodas del mainstream financiero, y trabajará codo a codo con el designado ministro de Desarrollo Producitivo, Matías Kulfas, no deja de ser un dato que un gobierno peronista deba designar como ministro de Economía a un profesional que proviene del área de las finanzas, y no de la producción, como forma de encarar en forma urgente el desafío de una rápida reestructuración que evite ampliar el default que inició el macrismo en agosto pasado.    

En efecto, la tradicionalmente llamada deuda externa, cuyos acreedores son en rigor tanto extranjeros como nacionales, fue un lastre de décadas que el kirchnerismo logró resolver después de años de frustraciones, apoyado en el boom de las materias primas y bajo la decisión política de recrear un Estado que fije sus políticas económicas sin depender de acreedores que veten las mismas. El camino para desandar esta política progresista, se inició no bien la alianza Cambiemos llegó al gobierno, con la claudicación frente a los fondos buitres, quienes litigaron judicialmente contra nuestro país a raíz de la deuda que había dejado de abonarles la primer Alianza, ya que a diferencia del 94,2 por ciento de los bonistas en default no aceptaron la reestructuración que propuso el kirchnerismo con una quita del capital que en los hechos fue cercana al 35 por ciento. En efecto, durante los primeros días de aquel diciembre de 2016, apoyado en las expectativas de ser el gobierno del cambio y del blindaje mediático, el gobierno macrista comenzó el vertiginoso endeudamiento de la Argentina por la suma de 16.500 millones de dólares, de los cuales 9.300 millones irían para los fondos buitres, prácticamente sin la menor negociación, y el resto para gastos corrientes. A partir de ese momento, sin imágenes de bolsas revoleadas por el aire o mesas con fajos de dólares, - o bien valiéndose de ellas para distraer la atención- comenzó un verdadero frenesí de endeudamiento, que llevó a que la Argentina, según la agencia Bloomberg, sea en los primeros dos años de gobierno macrista el país emergente que más deuda había emitido en el mundo, incluso por encima de China, que para fines de 2017 había emitido deuda por un 25 por ciento menos, pese a ser la segunda economía más grande del planeta y veinte veces mayor que nuestro país.

El aumento de la deuda pública en 103.808 millones de dólares, que según el Centro Cifra de la CTA triplicó incluso del ritmo de emisión de las anteriores experiencias neoliberales (1976-1983 y 1989-2001), o de 187.706 millones de dólares, si se suma la deuda que estimuló y facilitó a tomar a provincias y privados, según el Observatorio de Deuda Externa (ODE), es en rigor menos importante que lo que representa, un serio condicionante para la decisión soberana de las políticas económicas, en este caso agravadas por el hecho de que el FMI, el custodio de los acreedores internacionales, quedó inserto en el esquema de control de las decisiones económicas. 

Hasta el momento, Alberto Fernandez fue claro en sus decisiones de política económica: aumentar jubilaciones, planes sociales, y salarios mínimos, en parte con el dinero proveniente de nuevas retenciones al sector agrario, de mayores impuestos a los bienes personales, y del dinero que la Argentina no utilizará para abonar la totalidad de los compromisos externos del próximo año. Así como también, congelar tarifas y continuar el control de cambios que el macrismo debió implementar pese a sus promesas, como forma de controlar la inflación y evitar que se pulvericen los aumentos otorgados. Todo ello, con el doble objetivo moral de reducir el 41 por ciento de pobreza legada por el macrismo y pragmático de dinamizar el consumo interno como forma de reactivar la economía. Es decir, un combo que va en línea opuesta a los tradicionales planteos del mundo financiero y del FMI, vinculados al ajuste en los sectores más débiles de la sociedad para pagar la deuda, los cuales el macrismo impuso desde un inicio y profundizó tras su acuerdo con el organismo multilateral.  El interrogante es si el gobierno tendrá éxito en la madre de todas las batallas, aspecto nodal para que todo el programa económico del nuevo gobierno pueda llevarse adelante.