En un nuevo revés judicial para un Gobierno en retirada, la Sala I de la Cámara Contencioso Administrativo Federal ordenó que la Dirección Nacional de Vialidad entregue información relacionada con los contratos de participación público privada (PPP) sobre una serie de concesiones otorgadas por el Ejecutivo nacional por unos US$5300 millones.
La decisión llegó luego de que el titular del PJ nacional y diputado, José Luis Gioja, hiciera un pedido de acceso a la información pública para que el organismo provea cuáles fueron las ofertas de las empresas a las que se les adjudicaron las obras, sus anteproyectos técnicos, proyectos ejecutivos y cualquier información referente al monto en pesos y dólares de cada uno de esos ítems para los corredores viales A,B,C,E,F y Sur, parte de la Licitación Pública Nacional e Internacional del Proyecto denominado “Red de Autopistas y Rutas Seguras".
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Desde el bloque de diputados nacionales del FPV-PJ argumentaron que "ante el rotundo fracaso de los contratos de PPP por falta de financiamiento de los contratistas, el Proyecto se encuentra paralizado sin que se haya construido un metro de rutas".
Los camaristas Clara María do Pico, Liliana María Heiland y Rodolfo Eduardo Facio definieron por unanimidad revocar a decisión de la Jueza Macarena Marra Gimenez, titular del Juzgado N° 12 y ordenaron que Vialidad entregue la información solicitada.
Gioja sostuvo que hasta el momento la Dirección Nacional de Vialidad dio información incompleta, pese a haber sido muy puntual en el requerimiento; que jamás se indicó que la información solicitada no existía; y que reconocieron tener los datos pero definieron no entregarlos.
En paralelo, continúan los conflictos dentro del organismo. El Sindicato Trabajadores Viales y Afines de la República Argentina (STVyARA) resolvió paralizar actividades desde este mediodía y por tiempo indeterminado por “la falta de pago del concepto salarial co-responsable contable que se les adeuda a los trabajadores desde Octubre de 2016 y además la pretensión unilateral de la Administradora Patricia Gutiérrez de dar de baja a través de una resolución, un beneficio adquirido y que incluso fue reconocido por la misma gestión”, según explicó la titular del gremio, Graciela Aleña.
La Justicia avanza también en la investigación de la causa por la que se imputaron al Ministro de Transporte Guillermo Dietrich y al ex Administrador de Vialidad Nacional Javier Iguacel, a partir de las denuncias presentadas por el sindicato, por la prórroga ilegal en la concesión de peajes en distintos corredores nacionales.
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