El magistrado pidió a la AFIP-Aduana que a través de convenios existentes con otros países requiera información para identificar a los proveedores de las mercaderías supuestamente contrabandeadas y qué particulares o empresas figuraban como destinatario final, explicaron a Télam fuentes del caso.
Este es un mecanismo previo al envío de exhortos internacionales, se explicó.
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En la investigación se apuntará establecer quién pagaba cada envío y cuántos hechos hubo en total además de individualizar a los agentes de transporte aduanero y fleteros, para intentar determinar quién pagaba por los servicios.
A la Secretaría de Inteligencia pidió informes referidos a la línea jerárquica en el organismo para determinar cómo era la cadena de mandos que llegaba hasta el retiro de la mercadería y quién designó a la persona encargada de hacerlo, precisaron las fuentes.
Además se requirieron detalles referidos al trámite de autorización de las importaciones tanto en la Secretaría de Inteligencia como en la Aduana.
Caputo resolvió además certificar si hay causas penales en otros juzgados que pudiesen tener un objeto procesal similar de investigación.
Las primeras medidas de prueba se ordenaron entre ayer y hoy, tras el dictamen de la fiscal del fuero María Gabriela Ruiz Morales que impulsó la pesquisa.
Ruiz Morales imputó a Stiuso, a los ex agentes Nicolás Mercado y Alejandro Patrizio y al ex titular de la SI, Héctor Icazuriaga.
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