La jueza en lo Contencioso Administrativo federal María José Sarmiento le ordenó al Ministerio de Economía que informe "el índice de pobreza e indigencia que surgen de la metodología implementada por el INDEC desde el año 2013 al corriente año".
También pidió que, en el plazo de cinco días hábiles, difunda "los valores absolutos de los precios al consumidor de los productos sobre cuya base se calculan las variaciones porcentuales que viene anunciando el IPCNU desde febrero".
Lo hizo a pedido de la diputada opositora Victoria Donda, en el marco de una acción de amparo en la que la jueza rechazó –no obstante- obligar al gobierno mediante una "medida cautelar".
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La jueza recordó que está constitucionalmente regulado "el acceso a la información pública del Poder Ejecutivo".
"Toda persona física o jurídica, pública o privada, tiene derecho a solicitar, acceder y recibir información, no siendo necesario acreditar derecho subjetivo, interés legitimo ni contar con patrocinio letrado", subrayó la magistrada.
"El fundamento central del acceso a la información en poder del Estado consiste en el derecho que tiene toda persona de conocer la manera en que sus gobernantes y funcionarios públicos se desempeñan", añadió.
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