Fuentes judiciales informaron que la jueza otorgó un plazo de diez días hábiles para entregar la documentación solicitada. Se trata de información que se había reclamado el 29 de mayo pasado al presidente y gerente general, Miguel Galuccio, respecto al acuerdo firmado por la explotación de Vaca Muerta mediante el decreto 1172 del año pasado. Desde la compañía argumentaron falta de legitimidad de Garrido para reclamar, y que la información es reservada para las partes.
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La jueza Sarmiento en primer término resolvió que sí tiene legitimidad para Garrido, quien invocó el derecho de acceder a información pública. Sarmiento, en la resolución publicada por el Centro de Información Judicial, expresó que el artículo 15 de la ley 26.741 prevé que "para el desarrollo de su actividad, YPF Sociedad Anónima y Repsol YPF Gas S.A., continuarán operando como sociedades anónimas abiertas" y "no siéndole aplicables legislación o normativa administrativa alguna que reglamente la administración, gestión y control de las empresas o entidades en las que el Estado Nacional o los Estados provinciales tengan participación".
"En efecto, que a YPF no le sea aplicable "legislación o normativa administrativa alguna que reglamente la administración gestión y control de las empresas o entidades en las que el Estado nacional o los Estados provinciales tengan participación", no puede implicar que se la excluya del ámbito del derecho a la información pública, de raigambre constitucional e inscripto en cánones diferentes a los controles administrativos a los que alude el artículo", indicó en su fallo.
"El hecho de que se sustraiga a esta sociedad de la legislación o normativa administrativa, "para no someterla a procedimientos rígidos o inadecuados", no puede entenderse como una inmunidad al conocimiento público", agregó.
Por otra parte, la jueza determinó que el argumento de YPF al no dar información invocando "compromisos de confidencialidad" y la existencia de "secretos industriales, comerciales, financieros, científicos y técnicos", es algo –según entendió- que "no satisface los supuestos legalmente previstos para justificar una negativa a una solicitud de información pública".
Fuente: NA
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