El fiscal penal de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas de Tatagal, Pablo Cabot, investiga al menos trece muertes de niños y niñas fallecidos entre el 1 y 27 de enero de este año para saber si estuvieron relacionadas con situaciones de desnutrición o deshidratación. Por ello, le pidió al gobierno del radical Gustavo Sáenz información sobre los menores para constatar las circunstancias de las muertes. Como contó El Destape, el foco está puesto sobre la administración provincial que perjudicó al sistema médico de atención y no reaccionó rápido para llevar comida y agua a las zonas más complicadas.
La pesquisa fue caratulada como "averiguación de causa de muerte" y se inició el mes pasado, cuando el procurador general de la provincia, Abel Cornejo, remitió constancias sobre distintas notas periodísicas que se hicieron eco de la inacción del gobierno en medio de la fuerte crisis social y alimentaria. El fiscal se trasladó a Santa Victoria del Este, donde Susana Velazco, directora de Salud Materno Infanto Juvenil, le informó que tenía registrado trece niños fallecidos, doce de Tartagal y uno de Orán.
Ante esta brutal situación, la Fiscalía libró oficio al gobierno y solicitó información relacionada a los menores fallecidos entre el 1 y 27 de enero en San Martín y Rivadavia. Dichos datos deben contener, según la orden, un reporte de muerte de menores de cinco años; historia clínica; carnet de vacunas; carnet del niño (con curva de peso) y formulario del agente sanitario.
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Además, el miércoles también le libró oficios al Programa de Estadísticas del Ministerio de Salud para tener datos de cada menor; al Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas le solicitó cada acta de defunción; y a la Dirección de Salud Materno Infanto Juvenil que brinde documentación sobre los fallecidos en febrero.
Según publicó El Destape y pudo averiguar en las últimas semanas, el gobierno de Gustavo Sáenz recortó los gastos de viáticos, traslado y alojamiento de médicos residentes si querían acceder a lugares alejados de los centros urbanos para atender a las comunidades más vulnerables. En el último año de formación, los doctores recibidos deben cumplir servicio en los pueblos más alejados, en el norte, y también en los centros urbanos.
Con la gestión anterior, estos costos estaban incluidos y nos profesionales no debían abonarlos pero la administración radical aseguró que cobran lo suficiente para poder pagarlo ellos. Esta decisión generó la ola de muertes de menores, una problemática ya existente pero que se profundizó con las medidas de Sáenz que decretó la emergencia pero que no llevó la ayuda pertinente cuando era necesario.
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