La Justicia pone contra las cuerdas a Mauricio Macri y su gestión por la fuerte devaluación post elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) y la consiguiente crisis social y política que generó. La fiscal Paloma Ochoa requirió abrir una investigación para determinar si el Presidente ordenó al Banco Central no intervenir en el mercado cambiario para que el dólar se disparara.
El dictamen fue elevado al juzgado federal 12, subrogado por Rodolfo Canicoba Corral, quien deberá dar curso a las medidas solicitadas en base a una afirmación del extitular del Banco Central, Martín Redrado. Tras las PASO, el exfuncionario aseguró: “El Presidente dijo el día lunes ‘que el dólar se vaya donde se tenga que ir de manera de que los argentinos aprendan a quién votaron. Y haber votado lo que se votó el domingo fue votar más devaluación e inflación”.
A partir de estas declaraciones, Fernando Miguez, de la Fundación por la Paz y el Cambio Climático, realizó la denuncia a partir de la cual Ochoa requirió una serie de medidas entre las que están el pedido de información relativo al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, las cartas de intención que el Gobierno le envió al organismo, las declaraciones de Redrado, su transcripción y el pedido de su declaración testimonial, tal como pudo saber El Destape.
Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia.
Según informaron fuentes judiciales a este medio, en el expediente se sostiene que el viernes 9 de agosto, dos días antes de las PASO, se produjo una manipulación del mercado con motivo electoral, la cual fue generada por el propio Mauricio Macri. La misma consistió en alzar artificialmente el precio de papeles y acciones que cotizan en bolsa, lo que la Comisión Nacional de Valores debería haber investigado.
Por otra parte, también se mencionan distintas disposiciones de la Carta Orgánica del FMI relativas al uso y control de los recursos del Fondo para transferencias de capitla y sus disposiciones especiales. Allí se establece que "ningún país miembro pordá utilizar los recursos generales" del organismo "para hacer frente a una salida considerable o continua de capital", o sea fuga, "y el Fondo podrá pedir al país miembro que adopte medidas de control para evitar" que ésto suceda.
No se descarta que el juez ordene oficios al Banco Central, la Comisión Nacional de Valores, la Jefatura de Gabinete y el Ministerio de Hacienda.
Cerrar sesión