El fiscal federal Jorge Di Lello inició una investigación contra Mauricio Macri y un puñado de sus funcionarios por ceder soberanía en las islas Malvinas. Como medida urgente, pidió suspender el vuelo de una empresa extranjera al archipiélago, que había autorizado el Presidente en el marco de una serie de decisiones donde evitó pasar por el Congreso, pese a que la Constitución Nacional lo obligaba.
Di Lello impulsó una pesquisa contra el jefe de Estado, Guillermo Dietrich (ministro de Transporte), Gustavo Lopetegui (secretario de Energía), Juan José Aranguren (ex ministro de Energía) y Jorge Faurie (canciller).
El funcionario reconstruyó que Macri trató de camuflar el 13 de septiembre de 2016 un acuerdo internacional por un mero comunicado conjunto de las cancillerías de Argentina y Gran Bretaña. Así, consiguió puentear al Congreso. Una costumbre en Cambiemos, que endeudó al país con el mayor préstamo en la historia del FMI de forma ilegal, según fue denunciado judicialmente, al haber evadido el órgano judicial.
Se acordó sobre recursos naturales y soberanía, comprometiéndose Argentina a levantar todos los obstáculos que impidan el crecimiento económico y sustentable. El fiscal resaltó que, más allá del nombre del acuerdo, lo cierto es que a partir del mismo se avanzó en las tres cuestiones: licitaciones y adjudicaciones de Áreas del Atlántico Sur a empresas británicas; vuelos a Malvinas; y concesión de permisos de pesca y explotación del mar argentino.
“En razón de ello, cualquiera sea la forma del instrumento, debería haber pasado por el Congreso de la Nación para su tratamiento, tal como lo establece la Convención sobre el Derecho de los Tratados con jerarquía constitucional”, enfatizó Di Lello en el dictamen al que tuvo acceso El Destape.
Entrega de soberanía a petroleras inglesas
En un concurso del 16 de abril de 2019, se ofrecieron 38 áreas marítimas offshore y se obtuvieron ofertas respecto a 18 de ellas. El permiso de explotación que se obtendría a través de esta licitación internacional otorga derecho a una concesión de explotación por tiempo indefinido. “Siendo un área geopolíticamente sensible llama la atención que las multinacionales intervinientes sean compañías inglesas o con vínculos estrechos con compañías de esa nacionalidad”, apuntó el titular de la Fiscalía Penal Federal 1. Di Lello adelantó que investigará la licitud de las adjudicaciones.
Vuelos de compañías extranjeras a Malvinas
A través del Decreto 602/2019, Macri autorizó volar desde Brasil a las islas Malvinas a la empresa Latam (ex Lan, cuya filial local había sido presidida por el funcionario macrista Gustavo Lopetegui). Se prevé que la ruta se trace por primera vez el 20 de noviembre desde San Pablo, con el uso del espacio aéreo argentino; incluso con una escalara en la ciudad de Córdoba.
Por la inminente salida y las consecuencias financieras que tendrá para la compañía, el funcionario requirió la rápida suspensión de este DNU, dado que Macri no efectuó el trámite de aprobación en el Congreso, requerido por la Constitución.
“Entiendo que existe una obligación institucional por parte de esta Fiscalía, ante el posible menoscabo de la soberanía nacional, de adoptar medidas urgentes a los fines de preservar al Estado Argentino de posibles daños económicos graves a los que estaría expuesto en relación con el derecho internacional”, reclamó.
Di Lello le solicitó que “corresponde que (el juzgado) evalúe ordenar la suspensión del primer vuelo de la compañía Latam a las islas Malvinas, ya que el peligro en la demora provocaría consecuencias irreversibles respecto a derechos adquiridos en el ordenamiento jurídico internacional. Ello al menos hasta que se establezca de modo jurídicamente razonable las facultades ejercidas mediante el decreto aludido”.
“Entiendo que el Poder Ejecutivo no puede seguir avanzando en la ejecución de acuerdos con el Reino Unido de Gran Bretaña que no cuenten con la aprobación del Congreso”, finalizó en su dictamen. Además, requirió declaren en la causa los diputados especializados en los temas, Martin Perez, Daniel Filmus y Guillermo Carmona. Por último, le exigió a la Secretaria de Energía que remita toda la documentación de la adjudicación de recursos naturales en el área del Atlántico Sud.
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