En una movida judicial inédita, un fallo del fuero Contencioso Administrativo hizo lugar a un pedido de una ONG compuesta por funcionarios macristas para poder desplazar a la procuradora Alejandra Gils Carbó sin necesidad de un juicio político.
De esta manera, el Gobierno estaría habilitado para, por ejemplo, removerla por decreto, como es el deseo de una parte de los asesores judiciales de Cambiemos desde que asumieron en diciembre de 2015.
Con la firma del juez Pablo Cayssials, la Justicia desestimó los argumentos de Gils Carbó y sostuvo los de las ONG Será Justicia y Colegio Público de Abogados de la Ciudad, que no es la entidad que nuclea a los letrados matriculados de la Capital Federal, pese a su nombre homónimo.
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De esta forma, el magistrado declaró la inconstitucionalidad del mecanismo "previsto en el artículo 76, de la Ley 27.148, en lo que se refiere únicamente al Procurador General de la Nación". Esa es la ley orgánica del Ministerio Público Fiscal, que atribuía a la Procuración estabilidad en el cargo y establecía que solo se lo podía remover mediante el mecanismo de juicio político.
Según el juez, una norma no puede otorgar inmunidades a más funcionarios que los establecidos por la propia Constitución nacional, y que el espíritu de las sucesivas reformas constitucionales fue el de ir reduciendo la cantidad de funcionarios plausibles de ser removidos por este mecanismo.
La ONG Será Justicia está compuesta por funcionarios y exfuncionarios del PRO. Entre ello está María Eugenia Talerico, vice de la Unidad de Información Financiera, al ex presidente del verdadero Colegio Público de Abogados, Guillermo Lipera, y al secretario de Telecomunicaciones, Héctor Huici.
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