La Justicia volvió a frenar otro intento del Gobierno de la Ciudad de criminalizar la protesta estudiantil, en el marco de las profundas reformas que intenta llevar a cabo, rechazadas por la comunidad educativa. Le recordó a la ministra de Educación porteña, Soledad Acuña, que la Constitución ampara el derecho de protesta de los menores.
La jueza Elena Liberatori suspendió el nuevo protocolo anti-tomas que improvisó la administración de Horacio Rodríguez Larreta ante la abolición del que redactó el año pasado. En el anterior, la cartera les instruyó a los colegios que denuncien en comisarías las tomas que surgieron ante el malestar por la Secundaria del Futuro, que obliga a los alumnos a realizar pasantías gratuitas en compañías privadas. La misma magistrada lo había declarado “nulo de nulidad absoluta” en septiembre, ante el pedido de los asesores tutelares Mabel López Oliva y Gustavo Moreno, además del defensor oficial Ramiro Dos Santos Freire.
Ante esto, el 14 de febrero Acuña dictó nuevas “pautas para la convivencia escolar” en la Resolución 643/2018, que prevén la delegación de responsabilidad penal a los padres mientras los adolescentes estén bajo la órbita de la escuela. En su fallo del martes, la titular del Juzgado 4 del fuero Contencioso Administrativo invalidó este protocolo porque vuelve a vulnerar los derechos elementales de los niños, además de que fue resuelto a sus espaldas. La suspensión judicial regirá hasta tanto el ministerio permita la participación en su redacción de la comunidad educativa y a las entidades de defensa de los derechos de los menores.
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La magistrada le recordó a la ministra que la Constitución porteña obliga al Ejecutivo a asegurar la “participación de la comunidad y la democratización en la toma de decisiones”. Le remarcó en su fallo que “no surge de la resolución ministerial (el nuevo protocolo) que se haya oído ni dado intervención alguna a la comunidad educativa ni a otra institución dedicada a la defensa de los derechos de la infancia y adolescencia”.
Contundente, Liberatori esgrimió que la funcionaria “no tuvo en cuenta la manda constitucional y legal de oír a la comunidad educativa y a los niños, niñas y adolescentes. Este incumplimiento debe ser subsanado”. De acuerdo a la carta magna de la Ciudad, los menores “deben ser informados, consultados y escuchados”.
En sede judicial, Acuña se había desentendido del protocolo que le distribuyó el ministerio a todas las secundarias porteñas el año pasado. La funcionaria prometió iniciar un sumario para detectar quién fue el responsable de comunicar ese instructivo que, insistió, no tuvo su aval, a pesar de que fue emitido desde un correo electrónico oficial.
Con el paso del tiempo, la investigación interna tuvo escaso avance, según pudo verificar El Destape. Liberatori fue contundente y dijo llamarle la atención del “desinterés” de la titular de la cartera educativa porque se diluciden las responsabilidades.
Antes del pronunciamiento de la jueza, el fiscal interino Damián Corti volvió a apoyar al Gobierno porteño por el protocolo, de quien depende su estabilidad en el cargo, al declarar abstracta la demanda por considerar improcedente la cuestión de fondo.
El expediente fue promovido gracias a que los asesores López Oliva y Moreno exigieron resguardar el derecho a la libertad de expresión de los adolescentes. El reparto del protocolo desde el Ministerio de Educación derivó en denuncias policiales de algunos directores que obedecieron las explícitas órdenes de sus superiores, acciones que luego fueron dejadas de lado ante la intimación judicial.
La criminalización de los estudiantes mediante resoluciones clandestinas fue una constante del PRO, como había revelado El Destape. En 2012 el entonces ministro de Educación y ahora senador Esteban Bullrich aplicó por primera vez esta táctica de repartir un instructivo ilegal por correo electrónico y luego desentenderse. Apenas la jueza Liberatori había tomado conocimiento del suceso lo decretó nulo.
La ministra de Educación debe rendir cuentas
En otra causa del fuero contencioso administrativo, la jueza Cecilia Molica Lourido convocó a Soledad Acuña que entregue información sobre la reforma educativa “Secundaria del futuro”. Además, exigió la implementación de un mecanismo de participación para alumnos, padres, y docentes, que hasta ahora fueron dejados de lado.
En su resolución del lunes, la magistrada convocó a una audiencia de conciliación para el 3 de mayo, a la que debe concurrir la ministra de Educación. Este logro también fue conseguido por los representantes de menores López Oliva y Moreno y el defensor Dos Santos Freire.
La cartera educativa de la Ciudad sólo pudo implementar una prueba piloto de la reforma en el primer año del nivel secundario de 19 secundarias estatales y 10 privadas durante 2018.
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