La denuncia había sido presentada en diciembre pasado por la asociación civil Ciudadanos Libres por la Calidad Institucional quienes sostuvieron ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal en que el uso de la Cadena Nacional se correspondía con la figura de malversación de fondos públicos e incumplimiento de los deberes de funcionario público por "no obedecer a situaciones graves, excepcionales o de trascendencia institucional".
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Sin embargo, en el fallo emitido el pasado 15 de mayo, el juez Ramos determinó que lo denunciado por el apoderado de la asociación civil, José Lucas Magioncalda, "no constituye delito", y agregó que el análisis de los contenidos de la Cadena Nacional "excede el ámbito de competencia de los tribunales". "No es mi misión efectuar un juicio de valor respecto a la importancia que revestiría transmitir a través de esta vía un acto de gobierno determinado", concluyó.
Este fallo se da en momentos en que el diputado del GEN, Gerardo Milman, denunció penalmente a la jefa de Estado por el uso reiterado y frecuente de esta herramienta comunicacional que posee el gobierno.
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