Tras el fallo que ordenó al Gobierno a restituir 170 mil pensionespor invalidez. El ministro de Justicia, Germán Garavano, reconoció hoy que algunas "estuvieron mal recortadas", pero no descartó que se apele la medida.
"Algunas de las pensiones estuvieron aparentemente mal recortadas, pero otras eran abusos. El desafío es distinguirlas con un trabajo muy fino. Si apelamos o no, lo decidirán los abogados del área", explicó al respecto el funcionario nacional en declaraciones radiales.
Este lunes, la Sala II de la Cámara Nacional de la Seguridad Social resolvió rechazar la apelación interpuesta por el Ministerio de Desarrollo Social contra una medida cautelar que ordenaba restablecer las cerca de 170 mil pensiones por invalidez que habían sido eliminadas en marzo pasado.
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Hasta el momento se devolvieron apenas 10 mil prestaciones aproximadamente, por lo que quedan en discusión las 7 mil restantes. Garavano resaltó que acatar la medida de la Justicia o apelar la decisión "es algo que tiene que evaluar" la cartera que conduce Carolina Stanley y que él no tiene "intervención directa".
"Supongo que evaluarán en cuántos casos correspondían y en cuántos no correspondían y a partir de eso tomarán una decisión", precisó. En la sentencia de la Cámara Nacional, los jueces Nora Carmen Dorado y Luis René Herrero aseguraron que por tratarse de "derechos alimentarios e irrenunciables" de las personas con discapacidad, ese beneficio debía ser restituido.
La medida incluye a todos los afectados a nivel nacional cuyas prestaciones hayan sido "dadas de baja o suspendidas, sin mediar resolución fundada previa en un proceso que garantice el debido proceso". Los jueces consideraron que la suspensión de las pensiones "vulnera derechos a la vida autónoma, la salud, la vivienda, la educación y la dignidad inherente a la persona humana".
El Gobierno había dado de baja unas 170 mil pensiones por invalidez tras haber endurecido las condiciones para acceder a ese beneficio. Guillermo Badino, el extitular de la Comisión Nacional de Pensiones Asistenciales (CNPA), había afirmado en su momento que una persona con cierto grado de discapacidad, como alguien con síndrome de down, "puede trabajar si lo desea o quizás le pueda caber la Asignación Universal por Hijo".
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