La Jueza federal de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado, y su par de Quilmes, Luis Armella, llevan adelante dos investigaciones por la emisión de documentación apócrifa, que involucran a varios sindicatos, todos ellos opositores al Gobierno de Macri.
Dos organizaciones delictivas, mediante la emisión de facturas falsas, habrían posibilitado la evasión por parte de miles de contribuyentes, lo que motivó la investigación a partir de una denuncia de la AFIP, según el expediente judicial.
Entre los gremios apuntados está el de empleados de estaciones de servicio, de Carlos Acuña, los gastronómicos de Luis Barrionuevo y los Camioneros, de Hugo y Pablo Moyano.
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¿Qué tienen todos estos gremios en común? Que participaron de la última cumbre sindical en Mar del Plata, en el cual emitieron un duro documento criticando la reforma laboral y la previsional.
De acuerdo a lo publicado hoy por el diario La Nación también estarían involucrados el Sindicato de Trabajadores de Juegos de Azar, la Federación de Sindicatos Unidos Petroleros e Hidrocarburíferos; el Sindicato de Petroleros Jerárquicos de la Patagonia Austral; el Sindicato de empleados del Corcho; la Federación Sindicatos Unidos Petroleros e Hidrocarburíferos; el Sindicato de Empleados, Capataces y Encargados de la Industria del Cuero y la Federación de Sindicatos Municipales Bonaerenses.
El juez Armella intenta establecer dolo o culpa en el uso de factoras falsas por parte de empresas y sindicatos, como así también si la maniobra dio lugar a lavado de dinero.
"Hay un patrón: son muchos los gremios que tenían esta documentación apócrifa, ahora hay que determinar quiénes fueron los responsables de la operación dentro de los gremios, si fue un acto doloso o culposo", manifestaron los investigadores de acuerdo a la publicación.
Por su parte, representantes legales de los gremios, alegaron desconocimiento sobre la supuesta falsedad de las facturas. "En Uthgra detectaron una boleta de 120 mil pesos pagada con una transferencia bancaria,trazable, mientras que en el Soesgype había facturas por el pago de micros que efectivamente fueron utilizados y por el uso de un hotel", indicaron.
"Si la factura no estaba en orden, no lo sabíamos porque estaba convalidada por la Afip, añadieron.
Dieciséis personas fueron procesadas por el juez Armella, mientras que doce se encuentran con prisión preventiva acusados de asociación ilícita y lavado de activos, mientras que Eber Russo se mantiene prófugo.
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