La jueza Maria Lilia Gómez Alonso, la mejor aliada de Mauricio Macri para demorar el expediente de Correo durante 20 años, se resiste a jubilarse de su cargo en la Cámara Comercial pese a que ya cumplió los 75 años, el límite legal de edad para los magistrados. Hace unos días, tal como informó El Destape, la Cámara Contencioso Administrativa le dijo que tenía que jubilarse, pero en lugar de eso la jueza dice que pedirá licencia y adelantó que recurrirá a la Corte Suprema para que dirima si puede o no violar la Constitución. El máximo tribunal no tiene tiempos ni plazos ni tampoco mucho apego a la Carta Magna.
Jueza desde mayo de 1982, Gómez Alonso llegó a la Sala B de la Cámara Comercial en 1988. Es el cargo que tiene hasta hoy. Su argumento para aferrarse a ese sillón es que se le aplique el fallo que logró Carlos Fayt, que se quedó en la Corte Suprema hasta los 98 años. Para eso demandó al Estado y pidió que no se le aplique la reforma constitucional de 1994, específicamente del artículo que establece que los jueces duran en sus cargos hasta los 75 años, edad que cumplió el pasado 17 de noviembre.
Gómez Alonso tuvo un fallo a favor en primera instancia a manos del juez Pablo Cayssials, el mismo que anuló la adecuación de oficio del Grupo Clarín a la ley audiovisual, que tuvo a su vez una de las demandas de los Macri contra el Estado por el Correo y que fue clave para lograr en su momento el desplazamiento de Alejandra Gils Carbó. Pero hace menos de una semana la Sala V de la Cámara Contencioso Administrativa (el fuero donde se litiga contra el Estado) revocó la decisión del juez Cayssials.
Tal como anticipó El Destape, los últimos antecedentes le jugaban en contra. El caso de Leopoldo Schiffrin, donde la propia Corte revirtió lo dicho en el caso Fayt y dijo que el límite que puso la reforma de 1994 es de plena aplicabilidad; y el de la jueza de la Cámara de Casación Liliana Catucci, que intentó el mismo camino, fracasó y tuvo que jubilarse hace poco. Los camaristas Guillermo Treacy y Pablo Gallegos Fedriani escribieron que “es ineludible tener en consideración las conclusiones expuestas por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa Schiffrin, Leopoldo Héctor” donde, al revocar el pronunciamiento de la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata, sostuvo que correspondía dejar de lado la doctrina del caso Fayt”.
Pero para Gómez Alonso esto no va. A los 2 días de ese fallo, el 29 de diciembre, participó de un Acuerdo General Extraordinario con los integrantes de la Cámara Comercial, a quienes les había avisado un día antes del fallo que la dejaba afuera del cargo. Participaron del encuentro la presidenta de la Cámara María Eliza Uzal, su vicepresidenta 2do Julia Villanueva y otros 10 camaristas.
Al notificar a sus colegas, según consta en el acta de la reunión, “Gómez Alonso de Díaz Cordero anticipó en la referida presentación, que deducirá remedio extraordinario ante la Corte Suprema”. Y en la reunión dijo que pedirá licencia, pero nada de jubilarse. Gómez Alonso, además, fue una de las 220 magistradas intimadas por la Anses para que resolvieran si querían jubilarse o no, ya que habían iniciado los trámites pero sus privilegios de toga incluyen ejecutarlo cuando quieran.
Hay un dato no menor: Gómez Alonso sigue actuando como si tuviera el cargo a pesar de tener un fallo judicial que dice que ya debe jubilarse tal como marca la Constitución. Sumado a esto, a partir del 1 de enero de 2022 le tocaría presidir la Cámara Comercial. Una situación por demás anómala ya que, vale repetir, la jubilación a los 75 años es automática a no ser que el Gobierno envíe su pliego al Congreso para que esté 5 años más en el cargo. Eso no pasó, ni va a pasar.
Gómez Alonso tenía que votar pronto respecto de la situación de quiebra de Correo Argentino. La casualidad temporal no despeja la obvia razón que quería (o la empujaban a quedarse): mantener su favoritismo con los Macri. Gómez Alonso comparte la Sala B con Matilde Ballerini, que siempre siguió sus directivas y que también está próxima a la jubilación. Hace poco llegó a esa Sala Guadalupe Vázquez para completar el trío de camaristas y ya falló el primer intento de los Macri para que no intervenga en el expediente Correo.
Con Gómez Alonso afuera Macri pierde a su operadora en ese expediente y quedan las camaristas Ballerini y Vázquez para resolverlo. En síntesis: Macri perdió un alfil, aunque puede recuperarlo si Ballerini y Vázquez no se ponen de acuerdo y tienen que llamar a un tercer juez que desempate. O si la Corte se apura y la ratifica en el cargo pese a lo que dice la Constitución.
La misma Corte tiene en sus manos el destino del expediente Correo, ya que tiene que resolver otro pedido de los Macri: la intromisión en el caso por parte de la Justicia porteña. Hasta el procurador interino Eduardo Casal, que baila al ritmo PRO, dijo que eso es inaplicable. La Corte, de nuevo, no tiene tiempos ni plazos ni mucho apego por la ley.
¿Quién es la camarista Gómez Alonso?
Para empezar no es un nombre que pase desapercibido en la política judicial. Es más, llegó a a presidenta de la Asociación de Magistrados, uno de los poderosos arietes del conservadurismo judicial. Fue la primera mujer en lograrlo.
Este medio reveló que Gómez Alonso visitó la Casa Rosada en plena ebullición del caso Correo. Fue el 12 de septiembre de 2018 y se reunió con Pablo Clusellas, el Secretario Legal y Técnico, integrante de la Mesa Judicial de Cambiemos, histórico gerente SOCMA y uno de los funcionarios más cercanos a Macri. No hay ninguna justificación para esa reunión. Por entonces, Gómez Alonso presidía la Asociación de Magistrados, una de las asociaciones civiles que reúne funcionarios judiciales. Sin embargo, no hay ningún nexo entre esa función y la Secretaría Legal y Técnica que comandaba por entonces Clusellas. El vínculo institucional entre la Asociación y el Gobierno era y es a través del Ministerio de Justicia.
Por esos días los Macri insistían con desplazar a la fiscala Gabriela Boquin, que frenó la condonación de más de 70.000 millones de pesos; la familia del presidente había hecho una nueva propuesta que en los hechos implicaba que les perdonen la deuda; y el propio Macri preparaba los decretos para dar por cerrada la investigación interna sobre los funcionarios que ejecutaron esa maniobra para beneficiar a su familia. La letra de esos decretos estaba en manos de Clusellas, quien se juntó con la jueza Gómez Alonso.
La hija de la jueza, Agustina, trabajaba con el ministro de Justicia Germán Garavano hasta que la premiaron con un cargo de jueza en un procedimiento plagado de irregularidades. El hoy fallecido esposo de la jueza era Héctor “Negro” Díaz Cordero, conocido operador judicial en materia comercial. Parecía un negocio familiar. Cuando falleció, la rutina García Lupo de leer los avisos fúnebres de La Nación reveló su arco de relaciones, incluidos buena parte del funcionariado macrista.
En tribunales hay un dicho: sos el abogado que elegís. En el caso de Gómez Alonso optó por el estudio Cassagne. No es un dato menor: los Cassagne fueron uno de los estudios de la city con mayor influencia durante el gobierno de Macri. En su edición de agosto de 2016 revista Apertura los describió así: “El ‘movedizo’ -al decir de un competidor- Ezequiel Cassagne gastó suela en los pasillos de la Casa Rosada, el Palacio de Hacienda y Cancillería, involucrado en la elaboración de la ley de Participación Público Privada (PPP). Sancionada en diciembre, se reglamentó en marzo. Hoy, Cassagne Abogados trabaja en 20 proyectos de inversiones privados, en fase de pre-factibilidad y factibilidad, dice. El estudio, también, asesora al Gobierno porteño y otros distritos en este tema”. O sea, le armaron el esquema al gobierno de Macri y luego tuvieron como clientes a las empresas que se beneficiaron de ese mismo esquema.
Máximo Fonrouge, uno de sus socios principales, presidió alternativamente el Colegio de Abogados de la calle Montevideo y la ONG Será Justicia -que usaban como sello de goma-, desde las cuales operativizaron buena parte de las presiones y jugarretas judiciales contra el kirchnerismo. Y el abogado que lleva el caso de Gómez Alonso es Pablo Sanabria, otro de los socios que además fue funcionario durante el gobierno de Macri en el PAMI y en la Unidad de Información Financiera (UIF).
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