Tras el asesinato de Micaela García apareció en el Boletín Oficial que el Gobierno pondrá en marcha una mesa de trabajo para tratar los casos de femicidios, con el fin contribuir a la “elaboración de protocolos y guías de actuación” para las fuerzas de Seguridad, pero esconde una nueva puesta en escena.
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Resulta que la resolución es similar a la creada por otro decreto en diciembre pasado, con la única diferencia de que, en este caso, la Corte Suprema y la Procuración General de la Nación, a cargo de Alejandra Gils Carbó, fueron excluidas sin razones.
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Según reconoció al diario Página/12 "la directora nacional de Políticas de Género, Carolina Barone, quien tendrá a su cargo el nuevo organismo, la Mesa de Trabajo 'es la misma' que la de diciembre pasado, en el marco de la cual 'se hicieron algunas reuniones'”.
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