La Guerra Fría entre el Gobierno de Macri y la Corte Suprema

22 de abril, 2018 | 06.00

Todo indica que comenzó una guerra fría entre el Gobierno y la Corte Suprema de Justicia de la Nación hasta que se resuelva quién presidirá el máximo tribunal del país a partir del 1º de enero próximo. Como una apretada partida de ajedrez, cada parte mueve su pieza en el tablero político-judicial atendiendo a las jugadas que podría realizar su adversario. No hay avanzadas al azar en esta relación.

La reunión del 16 de abril entre el jefe de Gabinete, Marcos Peña, y el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Germán Garavano, con cuatro de los cinco ministros cortesanos (Elena Highton de Nolasco se encontraba en la Cumbre Judicial Iberoamericana que se realizó en Ecuador –a la que viajaron varios consejeros de la Magistratura-) fue un eslabón más de este pleito. Y no menor, ya que descomprimió la tensión entre las cabezas de estos dos poderes.

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El Ejecutivo pidió reunirse con todos los ministros y no a solas con el presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti, como solía ser lo habitual. El mensaje que se buscó bajar desde la Casa Rosada fue que querían dialogar con todos los supremos y no darle privilegios a nadie. La decisión deslegitima en cierto grado el poder del mandamás del máximo tribunal del país.

No obstante, determinadas resoluciones que se tomaron tras el encuentro –y sus consecuencias- demuestran que el clima de tensión, en gran medida, se distendió. Las partes son conscientes que una guerra abierta tendría altos costos y las desgastaría.

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En ese sentido, al día siguiente del cónclave, mediante la acordada 11/2018, la Corte suscribió un aumento del 10% “para todas las categorías del escalafón del Poder Judicial” a partir del 1º de abril, una decisión que hubiera sido atacada por la Casa Rosada una semana antes, en medio de la escalada entre el Alto Tribunal y el Ejecutivo que se precipitó con la rúbrica de la acordada 4/2018. Por el contrario, se aclaró en el documento que se le solicitó a Peña “la modificación de las partidas presupuestarias vigentes para afrontar el correspondiente incremento”.

En otro gesto de “alto el fuego”, al menos momentáneo, el gobierno decidió postergar el tratamiento de un importante apartado de la reforma del nuevo código procesal penal (aprobado en 2014), el que empodera a los fiscales y licúa el poder de Lorenzetti. El proyecto iba a tratarse el 18 de abril en el Senado y ya contaba con el visto bueno de los legisladores peronistas. Pero de forma imprevista la noche del 17 se cambió el temario a tratar en el recinto y la iniciativa se pospuso para el 25 de abril. Está pautado para el próximo miércoles a las 11 junto al tema de las escuchas judiciales (se abordará si aumentan penas por filtraciones, la cadena de custodia y el establecimiento por ley de que las escuchas queden en la Corte) y el régimen de subrogancias (criterio de selección de jueces y vacantes en tribunales).

No faltan quienes creen que las modificaciones en el sistema acusatorio que se pretenden aprobar serán más tarde o más temprano materia de análisis de la Corte.

Así, ciertas jugadas que asoman en el horizonte podrían desdibujar las sonrisas de ocasión que se observaron en la fotografía oficial de la reunión.

Por ejemplo, el mismo día del cónclave Corte-Gobierno, los integrantes de la Cámara Federal de Casación Penal se reunieron para evaluar una nota de apoyo a Lorenzetti frente a las denuncias que, junto a otros integrantes del Poder Judicial, está recibiendo en el último tiempo. El documento lo hizo circular la Junta de Cámaras Nacionales y Federales, presidida por Javier Leal de Ibarra, camarista federal de Comodoro Rivadavia, cercano al presidente de la Corte. Tan es así que es el director general de la Dirección de Captación de Comunicaciones del Sistema Judicial, el órgano que está a cargo de las escuchas telefónicas.

Una sola camarista de la Casación creyó oportuno adherir al planteo. Se opusieron de forma terminante a la moción cinco magistrados que suelen manifestarse en sintonía con los intereses del Gobierno en la máxima instancia penal del país. Mientras que los otros tres jueces consideraron que este no era el mejor momento para salir a respaldar a Lorenzetti.

Otro tema ríspido para la Casa Rosada y que podría modificar las relaciones en el sistema del Poder Judicial es el de la reestructuración del Consejo de la Magistratura. La Corte comenzará a tratar el 15 de mayo un planteo para determinar si la reducción de 20 a 13 miembros que realizó el kirchnerismo en aquel órgano que selecciona y sanciona jueces es constitucional. De seguir el criterio de la cámara y rechazar los cambios que se concretaron, deberían sumarse al consejo siete nuevos cargos y el titular del Alto Tribunal retomar la presidencia.

El Gobierno tiene un proyecto propio para dar disputa pero como en la actualidad posee la hegemonía del consejo no está muy apurado por avanzar. Igualmente, se espera una resolución este año: el 16 de noviembre vencen los mandatos de los consejeros. Se estima que si la Corte y el ejecutivo mantienen -como pretenden de cara al futuro- un canal de diálogo fluido, los cambios se harían por consenso. Como toda relación surcada por el poder, no faltarán motivos para nuevos cruces.

Un tema hipersensible para el presidente Mauricio Macri podría llegar en breve al Tribunal Supremo: se trata del expediente por el vaciamiento de Correo Argentino S.A, que se enmarca en el Correogate, el escándalo que explotó cuando salió a la luz que Macri se condonó una deuda millonaria a sí mismo al habilitar la firma de un acuerdo abusivo para el Estado con esta empresa de la familia presidencial. En los próximos días, la Cámara Comercial debe resolver si concede un recurso extraordinario al Correo para llegar al máximo tribunal: la empresa del Grupo Macri reclama apartar a la fiscal general Gabriela Boquin, quien impulsa la pesquisa.

El tema tarifas también podría volver a desfilar por el 4º piso del Palacio de Justicia de la calle Talcahuano. Cuando la Corte se expresó sobre el tema fue lo suficientemente ambigua como para poder intervenir nuevamente en un futuro cercano. Con los nuevos reajustes ya judicializados es de esperar que comiencen a llegar nuevos planteos.