La intendenta de La Matanza, Verónica Magario, acordó pagar un bono remunerativo para fin de año de $ 18.000 a cada trabajador del municipio, efectivizado en tres cuotas a partir de noviembre. El municipio de La Matanza tiene sus cuentas ordenadas, sin deuda y con un fondo de ahorro acumulado en varias gestiones prudentes iniciadas con Alberto Balestrini, continuadas por Fernando Espinoza y sostenidas por Magario.
La gobernadora Vidal, lejos de felicitar la iniciativa matancera que más que duplicaba su bono de fin de año a los trabajadores provinciales por $ 7.000, cuestionó duramente la medida, planteando en forma despectiva que era hora de que el municipio gaste sus ahorros para atender carencias.
La gobernadora tal vez siente envidia de que la intendenta administre una jurisdicción desendeudada y con sus cuentas equilibradas. En tres años de administración de Vidal, en cambio, el déficit fiscal fue constante y la deuda provincial creciente, a pesar de contar con un volumen de recursos inédito respecto de sus predecesores, extraído de las arcas del ANSES. “Mariu se lleva la plata de los jubilados” dirían años anteriores algunos comunicadores.
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En efecto, los recursos de que dispone la gobernadora pasaron de $ 274.304 millones en 2015 a $ 674.684 millones en 2018, incrementándose a un promedio anual de 35%, equiparando la tasa promedio de inflación a pesar de haber reducido la incidencia tributaria de Ingresos Brutos (el principal recurso de la Provincia) por imperio del Pacto Fiscal nacional al que adhirió.
Como contrapartida, la deuda pública provincial aumentó de $ 122.085 millones en 2015 a $ 382.710 millones al 30 de junio de 2018, un 213,5% en dos años y medio. A la vez, el lapso 2016/2018 cerró con déficit presupuestario anual en un promedio del 5 % de los recursos.
La gobernadora se debe preguntar cómo es que después de tres años con más recursos, la deuda aumentó y el déficit continúa. Pero lo que más la debe preocupar es que 2019, año electoral, será un año de ajuste por agotamiento del esquema previo.
En esta extraña lógica, la gobernadora le reclama a la intendenta que con su presupuesto municipal nivelado y sin deuda ejecute las políticas que ella no realiza dado que tiene el Estado provincial endeudado y deficitario después de tres años de gobierno, a pesar de haber dispuesto de una masa singular de recursos.
La peculiaridad del reclamo de la gobernadora hacia a la intendenta aumenta cuando se ponderan las magnitudes de las cifras. El gasto público municipal alcanza a los $ 10.000 millones frente a los $ 700.000 millones del total provincial, apenas el 1,4%. Cuando se mide el impacto del presupuesto municipal en relación al Producto Bruto Geográfico de La Matanza, el mismo representa sólo el 1,5%. Es decir, el efecto multiplicador del gasto del municipio sobre la demanda agregada de la jurisdicción es escaso.
Frente a la retirada del Estado Nacional y del Provincial la capacidad de políticas contra-cíclicas municipales es limitada y el éxito de la gestión se centra en el reclamo ante los poderes federales y provinciales de las políticas que atiendan las necesidades de los habitantes del distrito, acompañando estas demandas con acciones que evidencian que el municipio extrema sus capacidades para resolverlas. Esto es lo que ha ocurrido y que motiva el extraño planteo de la gobernadora hacia la intendenta.
Esta línea contrastante de gobierno Provincia-Municipio se ha verificado en otros aspectos a lo largo de estos tres años y probablemente alcance picos en 2019, porque el ajuste nacional golpeará de lleno en la provincia y el presupuesto aprobado para el año próximo coloca a la gobernación en un cuadro de stress fiscal de difícil pronóstico.
La gobernadora, en un articulado confuso del presupuesto provincial, ha asumido los subsidios sobre las tarifas de servicios de electricidad, transporte y agua corriente. En los hechos, se hace cargo de una política tarifaria que no controla y cuya incidencia sobre los bolsillos de las familias y los costos de las empresas en el Área Metropolitana son relevantes.
La intendenta ha llevado adelante una potente acción contra la política tarifaria con presentaciones judiciales y la presencia del municipio en las sucesivas audiencias públicas celebradas, denunciando la exacción hacia los bonaerenses que significan los actuales “tarifazos”.
Es de esperar que la gobernadora no le reclame al municipio que utilice su ahorro fiscal en compensar la transferencia de subsidios sobre servicios que la Provincia acaba de aceptar mansamente de Nación.
Por último, el punto más grave de esta controversia se centra en la inversión pública y es donde el planteo “resuelvan sus carencias con fondos propios” suena como más cínico. En La Matanza faltan en moneda constante $ 7.500 millones anuales de obra pública de origen nacional y provincial que desde el 2016 no se ejecutan.
Sin embargo, lo que torna más irritativo el planteo es que en 2018 el municipio de La Matanza invirtió en obras distritales con recursos municipales propios $ 1.100 millones, superando los desembolsos de inversión distrital de la Provincia, que ascendieron a $ 900 millones. La intendenta con 70 veces menos recursos que la gobernadora superó la tasa de inversión provincial en La Matanza en un 22 %.
La gobernadora se queja excusándose en la situación nacional con la afirmación “...hicimos lo que pudimos…” y culpando a los municipios por no hacer lo que le corresponde a la Gobernación.
La intendenta cuida el equilibrio fiscal que le da autonomía política y exterioriza medidas de gobierno contrarias al programa de ajuste.
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