Los familiares de Santiago Maldonado, el joven de 28 años muerto durante un operativo de la Gendarmería Nacional, pedirá el juicio político del juez Guido Otranto luego de que se conociera que ordenó intervenir los teléfonos del entorno del artesano. Además, lo acusan de “mal desempeño”.
Los Maldonado harán el pedido en el Consejo de la Magistratura contra Otranto por “pinchar” los celulares de Sergio Maldonado (hermano mayor de Santiago), Ariel Garzi (un amigo), y las mujeres mapuches Claudia Pilquiman y Marcela Anarda Stocovarz.
El juez ordenó esto durante el mes y medio que tuvo la causa, desde el 1 de agosto, cuando Santiago desapareció, hasta el 22 de septiembre. En esa fecha fue apartado por la Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia acusado de “falta de imparcialidad” por parte de la familia.
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Hace unos días, el juez actual del caso, Gustavo Lleral, confirmó que se habían realizado escuchas. En un fallo, declaró su nulidad y ordenó que se destruyan por considerarlas "desproporcionadas, inconducentes e ilegítimas".
"Otranto usó una lógica procesal basada en atacar a los testigos principales. Queda demostrado que lo que quiso hacer Otranto desde el primer momento no fue investigar la posible responsabilidad del Estado en la desaparición de Santiago. No investigó a Gendarmería, no intervino sus teléfonos. Intervino los teléfonos de Sergio, la víctima", remarcó la abogada de la familia, Verónica Heredia, en diálogo con Infobae.
Por otro lado, Heredia recusó a la fiscal Silvina Ávila y a su secretaria Rafaela Ricono. "La violencia desplegada por Silvina Avila contra Sergio Maldonado y su esposa Andrea Antico desde los primeros días de la desaparición de su hermano Santiago fue de una magnitud solo igualable a la desplegada por el (ex juez de la causa Guido) Otranto", sostuvo la letrada en un comunicado.
Además, aseguró que Ávila “conoció y solicitó de tales violaciones constitucionales", mientras que Ricono, quien está casada con Otranto, "intervino activamente en estas actuaciones y también en la causa 8144/2017”, que continúa en manos de ese juez.
“La invasión de la privacidad del hermano de la víctima no era la única opción disponible, ni siquiera la adecuada, cuando en verdad había otras alternativas para lograr la recolección de datos e informaciones conducentes al hallazgo de Santiago Maldonado", sostuvo el juez Lleral en el fallo por el que ordenó destruir todos los documentos.
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