Vicentín armó un entramado societario en Uruguay poco antes de pedir un préstamo en el Banco Nación y declarar su default. Desde el podio de las mayores agroexportadoras del país, tomó $ 18.370 millones para exportarle a una de sus filiales y no poder devolverlo, en lo que aparenta otro clásico ejemplo de quiebra fraudulenta.
Bajo la gestión de Javier González Fraga, el BNA aumentó los créditos hasta U$S 300 millones. En agosto, la cerealera dejó de abonar las cuotas y el 5 de diciembre se declaró en cesación de pagos con todos sus acreedores.
El préstamo lo había requerido Vicentín SAIC para prefinanciar exportaciones a Vicentín SAIC Sucursal Uruguay. La empresa, que se supone data de 2004, recién fue inscripta como sociedad anónima en el listado del Banco Central uruguayo a inicios de 2019 y pocos días antes de esta operación.
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También creó en el vecino país a Vicentín Family Group SA el 22 de junio del 2018 y Vicentina SA exactamente una semana después, corroboró el economista en un segundo análisis. En un informe por la multimillonaria quiebra, el director del Banco Nación Claudio Lozano llegó hasta los titulares de cada una, pero no logró determinar el lugar de esta última en el esquema societario.
La totalidad de las acciones de Vicentín SAIC Sucursal Uruguay le corresponden a Vicentin SAIC. Ésta, la compañía principal del grupo, es controlada en un 75% por Vicentín Family Group SA, cuyo principal dueño es Marín Colombo. El 25% restante se distribuye entre Norma Vicentín de Bosch, Marín Colombo (nuevamente) y Liliana Torossi de Goldaraz.
Al encontrarse un escalafón arriba, el holding no entró en el concurso de acreedores y, por lo tanto, salvó las tenencias de la oligarca y centenaria familia santafecina en Alimentos Refrigerados SA (90%), Los Corrales de Nicanor (un feedlot), Vicentín Family Wines (una bodega) y Promiel (una productora de miel).
Uruguay se utilizó como guarida fiscal durante décadas, con clientela tan afamada como la del expresidente Mauricio Macri. La fundación de offshores en el vecino país para esconder la riqueza de los argentinos tuvo su auge hasta que, en 2005, el inspector general de Justicia, Ricardo Nissen, les prohibió que operen en Argentina. El reconocido abogado comercial, que había ejercido ese cargo entre 2003 y ese año por pedido de Néstor Kirchner, volvió a la misma función pública por requerimiento de Alberto Fernández.
Desde 2011, el gobierno uruguayo no permite el funcionamiento de sociedades anónimas financieras de inversión (SAFI), la denominación formal de las offshore. Sin embargo, los estudios de abogados que se dedicaban a crear complejos entramados legales para evadir impuestos, en la actualidad promueven las sociedades anónimas comunes o sociedades anónimas de inversión.
La deuda total de Vicentín
Vicentín acumuló pasivos con entidades bancarias por U$S 1.000 millones y con proveedores agrícolas por U$S 350 millones. La causa donde pidió el concurso preventivo de acreedores la sigue el Juzgado de Primera Instancia Distrito 4 en lo Civil y Comercial de Reconquista. La Justicia también abrió un expediente penal por la posible quiebra fraudulenta, a cargo del magistrado Julián Ercolini, por el que el fiscal Gerardo Pollicita imputó a González Fraga y los ejecutivos corporativos Alberto Padoán y Gustavo Nardelli.
Los $ 23.500 millones de deuda total de la compañía con financieras domesticas representa sólo el 20% de la facturación de 2018. Dentro de ella, la deuda con el Banco Nación, de $ 18.370 millones, es de sólo el 15% de esas ventas. “No parece ser un caso de stress financiero”, ironizó el ex diputado, en el informe que realizó a partir de este default.
Las 17 empresas en las que Vicentín SAIC tiene participación y presentan información pública, todas tienen patrimonio neto positivo. De estas, once tuvieron ganancias, lo que complica la versión de la insuficiencia de fondos.
De acuerdo al reporte de Lozano, el directorio cambiemita del Banco Nación hizo la vista gorda a las exigencias de capital y de devoluciones que debería tener el mayor cliente de la entidad. Esto quizá se vinculó a los $ 13.5 millones que la compañía le donó a Mauricio Macri en la campaña presidencial de las PASO.
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