Los usuarios de Movistar denunciaron a la compañía por una nueva estafa que realizó en los últimos días: decidió modificar de manera unilateral los planes de algunos usuarios sin su autorización y comenzó a dar un servicio obligatorio que para dar de baja se debe pagar. Las asociaciones de defensa del consumidor advirtieron que esa maniobra es ilegal y la Secretaría de Comunicaciones le adelantó a El Destape que estudian aplicarle sanciones.
Para aumentar su recaudación, la empresa de telecomunicaciones que acumula más reclamos en el país comenzó a cobrar $ 3,30 por la utilización de 15 MB, capacidad que se agota, por ejemplo, si se mira un video corto en YouTube.
Los clientes que tenían abono fijo antes podían navegar de manera continuada y, al llegar a un tope máximo predeterminado, su velocidad se reducía pero sin pagar un peso de más. Cuando superan ese tope ahora deben pagar diariamente si quieren usar Internet, y el combo se actualiza varias veces por día. El argumento de la compañía es que decidieron discontinuar planes viejos.
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La Comisión Nacional de Comunicaciones y el mismo secretario de Comunicaciones, Norberto Berner, fueron notificados por las múltiples denuncias en las redes sociales. En base a esto le confirmaron a El Destape que ya le pidieron información a la empresa, con quienes tuvieron contactos informales.
En el Gobierno aclararon que necesitan que los reclamos se nucleen en quenosecorte.gob.ar y en el 0800-333-3344, donde además brindan asesoramiento, y aclararon que si la compañía no responde pueden actuar de oficio. "Debemos averiguar si consiste en efecto en un cambio de plan o si es de metodología, como ellos dicen", explicaron desde el ente regulador.
"Es absolutamente ilegal", aseguró Sandra González, presidenta de la Asociación de Defensa de los Consumidores y Usuarios, sobre esta operatoria que supone una nueva estafa. Desde diversas organizaciones de defensa del consumidor esgrimieron que no pueden obligarle a un usuario a cambiar el paquete que contrató. "Por más que la telefónica pretenda eliminar un plan y migrar a sus clientes a nuevos, si uno no expresa su voluntad abiertamente no lo pueden obligar", enfatizó quien lidera ADECUA.
"Siempre estos cambios deben ser informados al consumidor con 60 días de anticipación, norma que las prestadoras de servicio de celulares violan sistemáticamente", aclaró Claudio Boada, director de la Unión de Usuarios y Consumidores. En Movistar respondieron que "acompañando el cumplimiento de las normativas, esta novedad fue comunicada tanto por factura como por SMS", aunque clientes aseguraron a este medio que no recibieron notificación previa.
Boada calificó como "totalmente ilegal" que los usuarios que quieran darse de baja deban enviar un mensaje de texto abonado. "Hay muchos casos de empresas que perdieron los juicios con los consumidores por pretender cobrar lo que debía ser gratis", ejemplificó.
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